Una vez que retomaron el control de la agenda de la Asamblea Legislativa, los diputados sacaron adelante cuatro proyectos de seguridad ciudadana en solo una semana.
En cuestión de cuatro días, la agenda de seguridad avanzó más de lo que caminó en todo el periodo de sesiones extraordinarias, de mayo a julio, en el cual el gobierno llevó la batuta en el Congreso.
Los proyectos impulsados son los siguientes:
-Una reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses requeridos en otros países por casos de narcotráfico y terrorismo. La idea de este plan, aprobado en primer debate el lunes 5 de agosto por 39 diputados, es impedir que la nacionalidad costarricense se convierta en un escudo para integrantes del crimen organizado internacional. Por tratarse de un cambio en la Constitución Política, a este plan aún le faltan cuatro debates.
-Mediante moción discutida en plenario, se aprobó una nueva versión del proyecto de ley para permitir el secuestro de capitales carentes de origen lícito aparente con una medida cautelar anticipada dictada en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El martes 6 de agosto, 44 diputados decidieron que solo la Fiscalía podrá activar este procedimiento. El plan anterior también otorgaba esa potestad a la Contraloría General de la República y al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Había generado preocupación la posibilidad de que el ICD, órgano del Poder Ejecutivo, pudiese solicitar el congelamiento de bienes.
Según el nuevo texto, el Juzgado Contencioso Administrativo podrá ordenar el secuestro de bienes y productos financieros, siempre que se considere que podrían ser ocultados de las autoridades judiciales. El plan fue enviado a consultas en instituciones para, posteriormente, someterlo a primer debate. El periodista Aarón Sequeira nos ofreció detalles del plan que pueden ser consultados en este link.
-También, el martes 6, un total de 42 diputados avalaron, en primer debate, el proyecto para prohibir la naturalización a quienes hayan sido condenados, en los últimos 10 años, a más de tres años de prisión en Costa Rica o el extranjero. El delito debe ser de carácter doloso y la pena debe haber sido impuesta en sentencia firme.
Asimismo, se suspenderá el trámite de naturalización a personas que tengan procesos penales pendientes, fuera o dentro de Costa Rica, hasta que exista sentencia en firme.
-El jueves 8 de agosto, 41 congresistas aprobaron en primer debate un proyecto para fortalecer el financiamiento de las policías municipales, asignándoles el 95% de los ingresos recaudados por las multas que imponen los oficiales municipales de tránsito. Actualmente, las policías de los gobiernos locales reciben el 70% de estos fondos.
También, esta semana, dieron pasos hacia la votación en primer debate el plan para restringir el otorgamiento de tobilleras electrónicas como medida alterna a la prisión y el que reformaría la prisión preventiva.
En tanto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, declinó participar en una reunión de supremos poderes para evaluar el estado de los proyectos de seguridad ciudadana, cita que fue convocada por el jerarca del Congreso, Rodrigo Arias.
Chaves no dio mayores razones; únicamente alegó motivos de agenda.
También, con el cambio del control de la agenda, revivió y se aprobó la ley de adopciones antes del nacimiento, un plan que el gobierno mantuvo congelado durante los últimos tres meses.
En materia de seguridad, durante el periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo solo logró la aprobación del texto para ampliar el uso de las intervenciones de telecomunicaciones a investigaciones sobre feminicidios, extorsiones y homicidios simples.
En ese lapso, el gobierno engavetó toda la agenda de derechos humanos y mujer, y concentró a los diputados en la “ley jaguar” que resultó ser inconstitucional y ya murió en la corriente legislativa.
En relación con ello, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) consultó a la Sala IV si existen vicios de inconstitucionalidad en la nueva ley. Un artículo publicado por La Nación el sábado nos da el detalle de las consultas.
Asimismo, pese a la molestia del gobierno, los diputados evalúan dispensar de trámite un proyecto alterno para impulsar la construcción de una marina en Limón, uno de los puntos incluidos en la “ley jaguar”, pero estableciendo que se debe respetar el principio de concurso público.
Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
