Por mayoría, los diputados de la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron afirmativamente, este martes, el proyecto de ley que limitaría el uso de tobilleras electrónicas en el arresto domiciliario a personas acusadas o sentenciadas por delitos menores.
En mayo de 2023, 1.860 personas eran monitoreadas mediante el uso de tobillera electrónica; la gran mayoría, 826, fueron detenidas por asuntos relacionados con drogas. Según el proyecto de los diputados Gilbert Jiménez y Gloria Navas, es común encontrar casos en los que las personas, a pesar de llevar un brazalete electrónico, continúan perpetrando delitos.
Jiménez resaltó que los acusados de delitos mayores deberán cumplir la pena en prisión, según indicó.
El plan propone una modificación al artículo 57 bis del Código Penal, que actualmente permite el otorgamiento de este beneficio para la reinserción social de delincuentes primarios con condenas no mayores a seis años. La reforma plantea limitar esta opción solo para delitos con condenas menores a cuatro años, como robo y algunos delitos sexuales que no involucren a menores de edad.
Además, prohíbe otorgar el beneficio a quienes cometan hechos relacionados con el tráfico de drogas y actividades conexas como la legitimación de capitales, delitos calificados como delincuencia organizada según las normas internacionales y nacionales vigentes, delitos sexuales contra menores de edad, o hechos donde medie violencia contra las personas.
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Actualmente, se impide conceder tobillera a los culpables de delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, delitos sexuales contra menores de edad y delitos con armas de fuego. Estas disposiciones seguirían vigentes.
Entre las causales para que un juez revoque el cumplimiento de la pena con tobillera y ordene el reingreso de la persona a la cárcel, figuran las siguientes:
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-Incumplimiento de las condiciones impuestas al momento de otorgarse el monitoreo electrónico.
-Alterar, dañar o desprenderse del dispositivo.
-No reportar a la autoridad respectiva cualquier falla o alteración.
-Ser sorprendido en flagrancia en la comisión de un nuevo hecho delictivo.
-Ser llevado a juicio en un proceso penal distinto al que fue condenado.
-Tener prisión preventiva en otra causa penal.
El plan fue aprobado en comisión con cinco votos a favor y uno en contra, con un texto sustitutivo que plantea ajustes de redacción. Ahora, el expediente pasará al plenario para recibir mociones de ajuste, que luego serán discutidas en comisión.
Votaron a favor el diputado Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP); y la independiente Gloria Navas. En contra votó Priscila Vindas, del Frente Amplio (FA), quien alegó que se distribuyó el texto sustitutivo la tarde anterior y que, ante las dudas, prefirió votar negativamente.
