Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, un proyecto de ley para aumentar el financiamiento de las policías municipales mediante el cobro de las multas de tránsito.
El expediente legislativo 23.356, avalado por 41 congresistas, modificará el inciso d del artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.
Actualmente, la normativa legal establece que cada municipalidad recibe el 70% de las multas impuestas en su cantón por inspectores de tránsito municipales.
Con la modificación autorizada por los legisladores, ese porcentaje subirá al 95%. El dinero se debe destinar a la inversión de capital en el fortalecimiento de la seguridad vial y el financiamiento de los programas de inspectores municipales de tránsito y de oficiales de policía.
La iniciativa la presentó el diputado Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
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Aunque la versión original del proyecto no lo proponía, la versión finalmente aprobada exime estos recursos del pago impuestos, sea de valor agregado o de renta.
Adicionalmente, esos recursos para fortalecimiento de las policías municipales quedan exentos de la aplicación de la regla fiscal, norma que limita el gasto público cuando el país esté afrontando un escenario de una deuda pública mayor al 60% del producto interno bruto (PIB).
En la justificación de motivos del proyecto, el diputado Gilberth Jiménez advirtió de que, entre los años 2015 y 2021, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), ente recaudador de las multas de tránsito, ha tenido un superávit libre cada vez mayor, de la cual el 30% correspondería a los recursos recibidos por multas de tránsito realizadas por los inspectores municipales.
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Jiménez argumentó que la iniciativa legal se presentó “dadas las necesidades, limitaciones presupuestarias e importancia de las policías municipales”.
Según el proyecto, al menos 34 cantones cuentan con su respectivo cuerpo de policía municipal y programa de inspectores de tránsito.
El liberacionista dijo que la falta de recursos económicos ha generado que la mayoría de cantones estén rezagados en el desarrollo de un cuerpo de policía municipal, y solo lo han desarrollado los gobiernos locales en cuyo territorio hay mayor actividad comercial y que tienen mejores presupuestos.
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En criterio de Jiménez, eso genera una brecha entre municipios, pero también implica una desatención de la situación de inseguridad que afrontan muchos cantones costarricenses, que sufren los embates del hampa, el crimen organizado y otro tipo de inseguridad.
“Es evidente que la seguridad es mayor en los cantones con presencia de estos cuerpos policiales, trabajando de la mano con la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), áreas de salud y otras instituciones”, aseguró el exalcalde de Desamparados.