El presidente Rodrigo Chaves ha cruzado una peligrosa línea al dar un ultimátum a la Asamblea Legislativa para que le apruebe, antes del 28 de setiembre, su proyecto de ley tendiente a reformar la Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), del año 1954, con el fin de actualizar el cobro por las frecuencias de radio y televisión. En caso de que los diputados no acaten la instrucción, el gobernante amenaza con un apagón de las señales de los medios de comunicación.
Esa salida representa una indebida presión sobre otro poder de la República, pero también una forma de coerción política inaceptable en una democracia, una intención de imponer por la fuerza lo que no ha logrado negociar con argumentos.
A esto se suma otro hecho grave y es que el presidente desafía, abiertamente, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual, en uso de su autonomía constitucional, ordenó al gobierno abstenerse de implementar cualquier variación en el modelo y asignación de las frecuencias de radiodifusión antes de que concluya el proceso electoral de 2026. Es decir, cualquier ajuste podrá hacerse luego de la primera ronda electoral del 1.° de febrero y, en caso último, después de la segunda vuelta, el 5 de abril.
El principal razonamiento del Tribunal es que, si el gobierno cumpliera la amenaza, despojará a los votantes del acceso a información de cara al proceso electoral que se iniciará el 1.° de octubre para elegir al próximo presidente de la República y los 57 diputados. El apagón lesionaría el derecho a un voto informado.
Conviene aclarar que el TSE no se pronunció sobre el fondo del proyecto de ley del Ejecutivo. Lo que hizo fue advertir, en respuesta a una consulta de la Cámara Nacional de Radio (Canara), sobre el inminente peligro de que se afecte el derecho ciudadano a recibir información oportuna durante la campaña.
Este pronunciamiento no es ninguna novedad pues, en 2017, el TSE emitió una advertencia similar cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís anunció para el 15 de diciembre, en plena campaña electoral, el apagón de la televisión análoga para dar paso a la digital. El Tribunal lanzó la misma advertencia que ahora: “Sin información, no hay forma de hacer un voto racional e inteligente”. Entonces, esa administración respetó la institucionalidad y pospuso la decisión.
Lo sorprendente es que el gobierno de Chaves se había comprometido con el TSE a prorrogar las concesiones de radio y televisión que vencen en setiembre para no afectar este proceso electoral. Así consta en el oficio MICITT-DVT-OF-063-2025, firmado el 29 de enero por el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas. En la carta enviada a la magistrada Eugenia Zamora, presidenta del TSE, sus palabras fueron precisas: “La ampliación del vigente plazo para las concesiones administrativas de este servicio de telecomunicaciones garantizará la continuidad de un servicio esencial para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto informado”.
Confunde en demasía que Chaves y la ministra del Micitt, Paula Bogantes, ignoren ese compromiso y opten por una escalada en la retórica contra los diputados y el TSE. Las amenazas revelan, además, nula comunicación entre la ministra y su viceministro, ausencia de coordinación dentro del equipo de gobierno y, sobre todo, provocan inseguridad jurídica. ¿Cómo creerle a un gobierno que un día dice y al otro se desdice en un tema tan delicado como el derecho a información en campaña electoral?
Como medio de comunicación comprometido con la institucionalidad desde 1946, censuramos de plano la grosería con la cual Chaves se dirigió a la magistrada Zamora al instarla a “ubicarse”. Es inaudito que un gobernante desconozca las competencias del TSE. Quien debería recordar cuáles son sus deberes como presidente de la República es él. Y uno de los principales es gobernar con respeto al Estado de derecho, sin descalificar a las instituciones ni denigrar a los órganos constitucionales.
En lugar de insinuar “trampas y chanchullos” en el proceso electoral –sin aportar una sola prueba–, debería enfocarse en combatir y sancionar los actos cuestionables que sí afloran en sus tres años de administración. Allí tiene mucho trabajo pendiente.
Dejamos claro, también, que actualizar los cobros por el uso del espectro radioeléctrico es una necesidad. La ley vigente, promulgada hace 71 años, está desfasada y requiere ser adaptada a la realidad tecnológica y económica actual. Pero tal reforma debe sustentarse con argumentos técnicos, financieros y, sobre todo, en transparencia, para demostrar la proporcionalidad de las tarifas. Aprobar el plan de Chaves a golpe de tambor transformaría una reforma necesaria en una maniobra autoritaria. Y, hay que decirlo: Chaves perdió tiempo valioso durante estos tres años de mandato para plantear e impulsar el plan de ley. Nunca evidenció preocupación por que su ministra Bogantes o su vocera en el Congreso, Pilar Cisneros, lograran consensos y votos con legisladores de otras bancadas.
Por eso, es insólito que a estas alturas de su mandato suponga que, por dar un ultimátum, los diputados correrán a votar según sus instrucciones. Ese no ha sido el actuar de la Asamblea Legislativa ni en los 35 años en que Chaves vivió fuera del país, ni ahora.
Y, seamos realistas: esta administración expira el 8 de mayo de 2026, por lo cual, de cumplirse la orden del TSE, será inviable que el gobernante logre sus propósitos de reformar la Ley de Radio. Como muchos otros planes, este quedaría para el próximo gobierno.
