En el programa semanal del mandatario, este miércoles, transmitido desde el parque de Atenas, Chaves reiteró su amenaza de un apagón en las frecuencias de radio y televisión, si los diputados no aprueban el proyecto de ley del Ejecutivo, antes del 28 de setiembre.
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La sentencia emitida por el TSE ordenó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) abstenerse de implementar cualquier tipo de variación antes de que concluya el proceso electoral 2026.
Los magistrados puntualizaron que el proceso puede avanzar, pero no tomarse decisiones finales que podrían afectar el derecho de acceso de los electores a la información de trascendencia político electoral.
Es decir, ese ministerio puede seguir adelante con el proceso, pero no realizar ningún apagón o un cambio en las concesiones, en el caso de que eso signifique una reducción del espectro de emisoras de radio o cadenas de televisión que estén a disposición no solo de los votantes, sino también de los partidos políticos para difundir sus ideas y del TSE para brindar información trascendental a los electores.
A pesar de ser una orden de un tribunal de la República, Chaves la cuestionó y dio a entender que la decisión del TSE es para “seguirle regalando plata a Renecito Picado (en referencia a uno de los propietarios de Televisora de Costa Rica)”.
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Luego de mostrar un comportamiento errático, la semana pasada, la ministra del Micitt, Paula Bogantes, aseguró que al Tribunal de Elecciones no le corresponde definir cómo operan las concesiones de telecomunicaciones.
“Esto es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Dejar que los títulos habilitantes que tienen los operadores de radio y televisión venzan el 28 de setiembre dependerá de la agilidad que tengan los diputados de la Asamblea en aprobar el proyecto que presentó el gobierno”, dijo Bogantes.
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En junio del año pasado, Chaves prorrogó por 15 meses los permisos a los concesionarios de las frecuencias de radio y televisión, a la espera de que los diputados avancen en su proyecto, que pretende cobrar un canon anual de un 7,75 % de los ingresos brutos a las concesionarias de televisión y un 3,13 % de los ingresos brutos a las de radio.
Pese a la orden del TSE, Chaves afirmó: “Si quieren jugar, el 28 de setiembre nos vemos, a ver qué pasa”.
El presidente dijo que los diputados tienen dos opciones, o tramitar el proyecto impulsado por los diputados Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN); Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP), que le cobraría a los concesionarios ¢3,5 millones por año y que, según Chaves, “quebraría a las radios locales, cristianas y culturales”, o bien acoger el plan del Ejecutivo.
“Esto no es política electoral, es política pública”, arguyó.
Luego, el presidente enfocó sus ataques hacia la presidenta del TSE, la magistrada Eugenia Zamora.
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“Doña Eugenia, ubíquese, están queriendo gobernar a través de ‘las elecciones’. Dejen gobernar y dedíquense a asegurar que no haya trampas ni chanchullos en nuestra democracia”, dijo.
Pese a esta posición de Chaves y de la ministra Bogantes, ya a finales de enero, el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas Picado, se había comprometido a no apagar las frecuencias de radio y TV, para garantizar el derecho al voto informado.
De hecho, Vargas había señalado que era fundamental extender las concesiones por un periodo adicional a los 15 meses que se vencen en setiembre, “con base en el interés superior del proceso electoral y la garantía de la ciudadanía de acceso a la información electoral”.
“La ampliación del vigente plazo para las concesiones administrativas de este servicio de telecomunicaciones garantizará la continuidad de un servicio esencial para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto informado, ajustado a la proporcionalidad requerida para cubrir el proceso electoral en todas sus posibles fases”, dijo Vargas en su nota.
Incluso, el viceministro había asegurado que el Gobierno de la República tiene un compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático, la libre información y la transparencia del proceso electoral.
