En marzo del 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, impactado por la represión desatada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estableció un Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Su mandato fue “investigar todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos” cometidos desde abril del 2018, a raíz de las masivas protestas sociales que conmovieron al país.
En marzo del 2023, los expertos emitieron un primer informe. Entre sus múltiples y escalofriantes revelaciones destacaron “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión”.
No quedó ninguna duda entonces, a partir de su sólido trabajo, sobre la perversa naturaleza del régimen y la construcción de una maquinaria represiva sin precedentes. En vista de esta realidad, el Consejo renovó por dos años las tareas del grupo, integrado por Jean-Michael Simon, Ángela María Buitrago y Ariela Peralta Distefano, especialistas reconocidos internacionalmente.
Su segundo informe, dado a conocer el jueves en Ginebra, revela una situación aún más trágica: la articulación e imposición, del dúo Ortega-Murillo y sus secuaces, de un meticuloso engranaje de control y represión típico del totalitarismo. Este va más allá de la violencia abierta (utilizada con abundancia) y ha logrado permear en los pliegues más profundos de la dinámica política y social, y en los afectos y relaciones más íntimos de las personas, incluidas sus familias. Se trata, ni más ni menos, que de la aplicación, de manera fría y meticulosa, de los manuales operativos utilizados por las policías políticas de la Unión Soviética, Alemania Oriental y Cuba.
De nuevo, el grupo “pudo corroborar la información de su primer informe sobre tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Pero documentó algo más: las “violaciones, abusos y crímenes” no solo han sido perpetrados “para desmantelar los esfuerzos de la oposición activa, sino también para eliminar las voces críticas y disuadir a largo plazo cualquier iniciativa de organización o movilización”. Es decir, se trata de desenraizar toda posibilidad de articulación opositora o expresiones independientes, o de neutralizar las fuentes de las cuales puedan surgir. Por esto, la dictatura ha “focalizado los patrones de violaciones, inhibiendo a largo plazo cualquier tipo de oposición”. Esto le ha permitido imponer “una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial”, dijo el experto Simon al presentar el informe.
El régimen ha logrado poner en marcha una represión primaria, a partir del silencio, el control, la centralización del poder, la captura o eliminación de organizaciones independientes y la victimización de las familias de los opositores, entre muchas otras acciones. A esto se añade la extensión represiva más allá de Nicaragua, mediante la privación de nacionalidad y personalidad jurídica a centenares de nicaragüenses, así como la falta de acceso a documentación oficial, apoyo consular y otras acciones “que impiden la reunificación familiar y deterioran las condiciones para subsistir”, en palabras de la experta Buitrago.
El informe, sin embargo, no se queda en la denuncia. También reclama acción. La primera conclusión plantea que Ortega, Murillo y otros altos funcionarios sean “sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad” en los hechos. Como esto nunca ocurrirá en Nicaragua, es imperativo activar el principio de jurisdicción universal para que esa camarilla rinda cuenta en países que —como Alemania, Argentina, España y el Reino Unido— reconocen la extraterritorialidad de sus sistemas judiciales ante las violaciones a los derechos humanos.
El informe también recomienda a la comunidad internacional ampliar las sanciones contra personas e instituciones involucradas en las violaciones, y utilizar los mecanismos que ofrecen el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Fondo Monetario Internacional y las condiciones de acceso preferencial de Nicaragua a mercados (por ejemplo, el Cafta), para presionar al régimen a un cambio de conducta.
El tiempo de las medidas tibias se ha acabado. Ante un informe tan demoledor, hay que actuar con mayor decisión. Los expertos ofrecen una hoja de ruta. Es imperativo emprenderla de inmediato.
