La afirmación fue demoledora: “Toda Nicaragua forma parte de la escena del crimen”, dijo el jurista alemán Jan-Michael Simon, al presentar, el pasado jueves, el revelador informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que él preside e integran también Ángela María Buitrago y el chileno Alexandro Álvarez. Sin embargo, ni siquiera el preciso dramatismo de la frase fue capaz de sintetizar la cadena de horrores cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril del 2018, que el documento detalla con inapelable precisión, además de identificar a sus posibles responsables y plantear recomendaciones para que las violaciones y delitos no queden impunes.
El informe es producto de casi un año de trabajo. El grupo, conocido como GHREN, por sus siglas en inglés, fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 31 de marzo del pasado año. Le confirió el mandato de investigar “todas las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril del 2018″ para “contribuir a la rendición de cuentas y al acceso a la justicia para las víctimas”. La dictadura de Nicaragua le impidió visitar el país, pero esto no impidió que realizara una minuciosa investigación, que comprendió el análisis de 142 casos, el examen de múltiples documentos y entrevistas con víctimas, familiares, exfuncionarios y testigos. Mañana será presentado oficialmente al Consejo.
Las sistemáticas violaciones y abusos contra los derechos humanos que resume en sus 19 páginas constituyen un escalofriante repertorio de perversiones. El texto menciona “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión”.
Esos actos, añade, constituyen “un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, a través de una política discriminatoria que comprende la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional” y que “permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
Su magnitud es tan grave, que Simon, en declaraciones brindadas el jueves, lo equiparó con los horrores cometidos por el régimen de Hitler en Alemania. “Todos los elementos que se ven en Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Núremberg”, dijo en referencia a las atrocidades reveladas durante los procesos contra criminales nazis tras la Segunda Guerra Mundial.
Además de investigar los hechos, el grupo indagó sobre sus posibles responsables. Concluyó que existen “motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado”, entre ellas Ortega, Murillo y “altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la realización de los delitos documentados”. Los jefes policiales y penitenciarios “sabían o debían haber sabido de los crímenes y violaciones cometidos por sus subordinados”; sin embargo, “no adoptaron medidas preventivas y sancionadoras, a pesar de tener la capacidad efectiva de hacerlo”.
Lo anterior, dice el GHREN, no solo implica “la responsabilidad del Estado de Nicaragua”, sino también la “responsabilidad penal individual” de sus responsables, sea “bajo el derecho internacional penal”, o según “los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países”. Como Nicaragua no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la posibilidad de acudir a este tribunal está excluida. Sin embargo, la legislación interna de algunos países reconoce el principio de “jurisdicción universal” en casos de violaciones a los derechos humanos, lo cual permitiría, finalmente, emprender procesos individuales por los crímenes de lesa humanidad cometidos por nicaragüenses en Nicaragua.
Por lo anterior, una de las recomendaciones de los expertos a la comunidad internacional es “iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna”. A la vez, solicita ampliar las sanciones a “instituciones e individuos” involucrados en ellos, e insta a que, al negociar proyectos de cooperación e inversión en Nicaragua, los gobiernos y organismos involucrados incluyan garantías a los derechos humanos y den prioridad a “acciones orientadas a mejorar la situación” en el país.
En síntesis, este sólido documento, aparte de sus múltiples revelaciones sobre hechos y responsables, ofrece una hoja de ruta para construir un verdadero cerco contra la impunidad de que gozan hasta ahora los dictadores nicaragüenses y sus secuaces. La justicia debe prevalecer. Corresponde actuar para que sea realidad, con determinación y sin dilaciones.
