EscucharGinebra. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó al gobierno de Nicaragua de aumentar en forma exponencial las violaciones de los derechos humanos el último año, al presentar este jueves un informe que llama a reforzar las sanciones internacionales contra Managua.
El reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua, afirma que el gobierno del presidente Daniel Ortega perpetra “abusos y crímenes” para “eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”.
"El gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas", declaró el Grupo, al reiterar expresiones del informe presentado hace un año.
Sin embargo, “la situación empeoró” en el último año debido a la “consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado”, en especial del poder judicial, en manos de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, agrega.
“Durante 2023 hubo un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo”, según el documento, que fue rechazado de plano por el gobierno de Nicaragua, que lo tildó de “irreal e irracional”.
"El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional", afirmó el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.
El grupo de expertos es independiente y fue creado en 2022 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para investigar abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra el gobierno de Ortega, cuya represión dejó 355 muertos y cientos de detenidos (opositores, líderes sociales, empresarios y periodistas).
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Desde 2018, cuando estudiantes universitarios salieron a protestar por las reformas a la seguridad social, el régimen de Ortega constantemente encarceló y reprimió todas las formas de oposición en el país.
‘Espiral de silencio’
El informe destaca que la represión a toda oposición real o imaginaria “se ha vuelto más sutil”, y apunta en especial “a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos, miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”.
El 9 de febrero de 2023 el gobierno de Ortega excarceló a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, acusándolos de "traidores a la patria". Una semana después, les retiró la nacionalidad a 94 disidentes en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Hace una semana, Ortega justificó el despojo de la nacionalidad a estos 316 nicaragüenses que envió al exilio, al acusarlos de “traidores” y “vendepatrias”.
Un obispo, monseñor Rolando Álvarez, fue también encarcelado y despojado de su nacionalidad en 2023, pero prefirió la cárcel al exilio. En enero pasado fue excarcelado, junto a otros 16 sacerdotes y dos seminaristas, y enviados a Roma bajo un acuerdo con el Vaticano.
Asimismo, más de 3.500 ONG’s, muchas de ellas religiosas, fueron clausuradas en Nicaragua desde 2018 y sus bienes pasaron a manos del Estado. Igual suerte corrieron universidades católicas, la Cruz Roja local y la asociación de Boy Scouts.
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Mediante la procuradora general de la República, el gobierno de Daniel Ortega restó credibilidad al informe de Naciones Unidas. Foto: Dario Medios/AFP
‘Carece de credibilidad’
El gobierno de Managua rechazó de plano el informe, afirmando que carece de credibilidad.
"No aceptaremos a estos autoproclamados expertos en derechos humanos para que mediante sus reportes unilaterales y sesgados emitan un criterio irreal e irracional, sobre la realidad del pueblo nicaragüense", declaró la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales.
"Cualquier actualización, reporte o declaración carece de un mínimo ápice de credibilidad", agregó la representante legal del Estado nicaragüense, según publicó el portal oficial El 19 Digital.
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Rolando Álvarez, obispo de Nicaragua es una de las miles de personas a las que el régimen mandó al exilio y les arrebató la nacionalidad. (radio-corporacion.com)
‘Medidas inmediatas’
El informe sostiene que “niños y niñas fueron violentados” por actividades u opiniones de sus padres o familiares, y las “deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua que generaron la separación” de muchas familias.
“La centralización del poder no sólo garantiza la impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas. El gobierno se aseguró de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder”, afirmó la experta Ariela Peralta.
Además, "la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, dados los efectos de la privación de su nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular", dijo la experta Ángela Buitrago.
Ortega, de 78 años se encuentra en el poder desde 2007 y fue reelecto sucesivamente en comicios cuestionados, además, enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional debido a su autoritarismo.
El grupo instó a la comunidad internacional “a tomar medidas inmediatas, en particular ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos”.
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