Durante los últimos meses, sobre todo en semanas recientes, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, ha desplegado una serie de montajes mediáticos para proyectar una imagen de fuerza, control, decisión y “mano dura”. Los ha acompañado con muestras de prepotencia y hasta crueldad. En algunas ocasiones, el despliegue ha sido individual; en otras, parte de puestas en escena más amplias del Ejecutivo.
Sin embargo, junto a esa ofensiva simbólica, una serie de hechos tangibles han puesto de manifiesto otra realidad. Revela un escaso control sobre el desempeño del sistema penitenciario, opacas cadenas de mando, falta de medidas preventivas y actuaciones reactivas cuando ya los daños han ocurrido.
Su despliegue mediático y propagandístico ha tenido varios episodios. Van desde la exhibición de maniquíes con los nuevos uniformes penitenciarios, el 1.° de julio, hasta la ostentosa inauguración, el 14 de este mes, de los primeros dos módulos del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco). En ambos casos, estuvo acompañado por la presidenta Laura Fernández y altos funcionarios de gobierno.
Otro episodio de su serial carcelario fue la producción y difusión, el 29 de setiembre, de un video sobre la visita, vestido de policía, al Centro de Atención Institucional (CAI) Veintiséis de Julio, en El Roble de Puntarenas, donde sometió a los reclusos a tratos humillantes. Y el martes 27 de octubre se transmitió la más reciente entrega, sobre el traslado al Cacco de los primeros 123 reos calificados como de alta peligrosidad. Fue una copia al carbón de las imágenes utilizadas por Nayib Bukele en El Salvador: todos rapados, reclinados y con sus manos sobre el cuello. La única diferencia estuvo en el número más reducido y el color naranja de los uniformes.
Sustituir la verdadera política de seguridad, e incluso su más reducida parcela penitenciaria, por espectáculos audiovisuales, revela una grave distorsión de prioridades, con acentos de frivolidad. Pero el problema se agudiza si, a la vez, desdeña problemas reales. Cuatro ocurridos en menos de un mes llaman la atención.
En coincidencia con la inauguración de los dos módulos del Cacco, varios drones sobrevolaron el cercano complejo de condominios Concasa, con un insistente mensaje: “Señor o señora condómina, por favor, ingrese a su apartamento. Zona restringida”. Es decir, se produjo una innecesaria orden de restricción al libre movimiento, sin que mediara decisión judicial alguna. Las justificadas protestas no se hicieron esperar. Pero lejos de dar explicaciones claras, el ministro Aguilar se desligó del hecho y lo achacó a “la iniciativa” de un oficial, que no identificó. Hasta ahora no sabemos si, al menos, se han producido medidas disciplinarias.
El 12 de octubre, funcionarios del Ministerio de Justicia liberaron del penal Carlos Luis Fallas, en La Roxana de Pococí, a un narcotraficante que había recibido una nueva condena, de ocho años. Una semana antes, el respectivo juzgado se lo había comunicado a sus autoridades, pero el condenado salió sin problemas. Pocos días después decidió entregarse.
Cuando La Nación dio a conocer el hecho, el ministro no explicó por qué se había producido tan grave falta de comunicación (¿o complicidad?), y no asumió su responsabilidad política. Al menos, anunció los traslados de la directora del penal y los funcionarios participantes, la apertura de una investigación interna y la presentación de una acusación penal: todo reactivo; nada preventivo.
Al día siguiente, un policía adscrito a la Unidad Especial de Apoyo, del Ministerio de Seguridad Pública, fue capturado cuando intentó ingresar con un celular, cuatro cargadores y otros dispositivos electrónicos al módulo de Máxima Seguridad de La Reforma, donde se encuentran los presuntos narcotraficantes Alejandro Arias Monge y Jonathan Pérez Méndez, conocidos como Diablo y Tan.
Era uno de los responsables de su custodia, gracias a un convenio entre ambas carteras. La captura la realizaron policías penitenciarios, adscritos a Justicia, lo cual habla muy bien de su desempeño. Pero no ha sido aclarado qué tipo de filtros se aplican al designar a los custodios de tan connotados reos.
El último episodio en la secuencia fue un conato de motín en la misma cárcel puntarenense que sirvió como escenario para los desplantes de Aguilar el 29 de setiembre. Según la versión de Justicia, un reo falleció a consecuencia de los hechos, pero sus familiares atribuyen la muerte a problemas de salud desatendidos.
Los elementos comunes de estos hechos son las imperdonables fallas en los controles, la precariedad de las cadenas de mando y la debilidad preventiva, responsabilidades todas ellas del jerarca de Justicia. Lo menos que esperamos de su parte es una actitud más autocrítica, menos prepotente y mucho más transparente hacia los ciudadanos. Es decir, debe atender sus deberes con rigor, y entender que las luces, imágenes y sonidos de sus actuaciones no forman parte de estos.
