El estilo comunicativo del chavismo costarricense –ejemplificado por don Rodrigo Chaves, doña Laura Fernández, doña Pilar Cisneros y algunos ministros– no constituye una simple falta de modales o una “manera de ser” excéntrica. Se trata de un instrumento deliberado de polarización y deslegitimación institucional que normaliza la agresión verbal, erosiona la convivencia democrática y convierte el insulto en herramienta de gobierno.
Lo que en una democracia funcional sería inadmisible, ha sido tolerado y hasta celebrado por una porción significativa del electorado, lo cual constituye un fenómeno de descomposición moral que trasciende la anécdota.
Un sector de la población ha decidido excusar la violencia verbal y las expresiones de crueldad del chavismo, porque supuestamente se trata de un simple asunto de etiqueta. Nada más alejado de la realidad. Lo que hemos presenciado desde mayo de 2022 no es un presidente sin filtros, ni una vicepresidenta valiente, ni una asesora “sin pelos en la lengua”. Es un sistema comunicativo diseñado para deslegitimar a cualquiera que se atreva a diferir o cuestionar y para construir una identidad política basada en el odio al “otro”.
La distinción importa. Un político puede ser tosco ocasionalmente, puede cometer exabruptos, puede incluso tener un temperamento áspero. Pero cuando la grosería se repite, se sistematiza, se recomienda u ordena a los subalternos y se convierte en el vehículo principal de la comunicación gubernamental, ya no estamos ante un rasgo de personalidad: estamos ante una estrategia de poder.
El objetivo no es informar y menos debatir políticas públicas. La meta es aniquilar simbólicamente a quien cuestione, dar voz a los descontentos de una parte de la población, iluminarla sobre a quién culpar por sus angustias y presentar cualquier expresión de duda como un ataque artero. Todo, con el fin de justificar lo brutal de las respuestas.
La presidenta Fernández ha mantenido el estilo, amplificándolo, en un desesperado esfuerzo por mostrar que es valiente, y convencida de que serlo es sinónimo de utilizar gestos y palabras punzantes. La presidenta no solo insulta; infantiliza y ridiculiza a los interlocutores que osan diferir y los presenta como débiles, como ingenuos que se encontraron con una líder implacable.
Si Chaves y Fernández son los rostros del chavismo, Pilar Cisneros es su altavoz más desinhibido. Ha convertido sus redes sociales y declaraciones públicas en una campaña permanente de difamación contra jueces, fiscales y periodistas.
Su ataque al fiscal general, Carlo Díaz, es un buen ejemplo. Lo ha llamado corrupto, mentiroso, charlatán, inútil y carente de vergüenza. La repetición de esos términos no es casual: busca destruir reputaciones sin necesidad de probar nada.
No sabemos si los subalternos aprenden solos, imitan para mantenerse en sus cargos o se les ordena; porque basta con ponerles un micrófono o una cámara para que muestren que también son “valientes”. El alumno aventajado parece ser el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar. Hace unas semanas, publicó el video “Los jachudos van directo al Cacco”, grabado en la cárcel de Puntarenas. Ahí muestra, de manera sarcástica, sus gritos a los reclusos: “¿Alguno otro que se crea jachudo hablándome así? (…) ¿De qué te reís?”; ordena: “Saquen a ese mae”; muestra a tres privados de libertad tendidos en el suelo y advierte: “Que le quede de lección al resto”.
Ante las críticas, respondió: “Es mi forma de ser, amigo”. Aunque sea difícil de creer, esa respuesta no intentaba confesar una debilidad o un desatino del momento, sino resaltar lo que, para él, es una de sus virtudes. Porque claro, ¡hay que ser muy valiente para, protegido por policías, humillar y ser cruel con personas que, en todo caso, no pueden reaccionar porque están en una celda! Es la misma valentía del grandulón de secundaria que, en muchos pasillos de nuestras escuelas y colegios, matonea al niño pobre o al que viene de una zona rural.
Ahora habrá más de estos valientes, porque hay un ministro que, con su ejemplo, normaliza el bullying, y un gobierno que complacientemente elogia su arrojo. Por cierto, es el mismo gobierno que no pierde oportunidad para mostrarse cristiano, tanto ante los altares del catolicismo como ante los pastores evangélicos. La contradicción entre los valores con que se busca persuadir a los votantes y las verdaderas convicciones, exteriorizadas por el trato dispensado a los más vulnerables, no podría ser más palmaria.
Lo más grave del chavismo no es cada frase individual, por repugnante que sea. Lo grave es la normalización. Como lo ha señalado don Luis Paulino Vargas, “durante cuatro años se dijeron y se hicieron cosas que pocos años antes habrían liquidado políticamente a cualquier presidente; pero todas juntas no afectaron al chavismo”.
Una porción significativa de la población no solo ha tolerado el estilo, sino que lo ha interiorizado como “natural”. Se confundió la chabacanería con franqueza, la vulgaridad con autenticidad, el matonismo con liderazgo. La frase “esa es su manera de ser” se convirtió en el escudo perfecto.
Llamar a este fenómeno “mala etiqueta” es una forma de complicidad. La etiqueta se refiere a la forma; aquí estamos hablando del fondo. Un presidente que amenaza con cerrar el Poder Judicial no está siendo grosero: está amenazando la separación de poderes. Una asesora que llama “corrupto” a un fiscal no está siendo descortés: está deslegitimando la administración de justicia. Un ministro que humilla a reclusos y lo graba para la posteridad en un video, el cual difunde con orgullo, no está siendo auténtico: está reivindicando la humillación y el bullying como herramientas para relacionarse con los que no pueden defenderse.
La violencia comunicativa del chavismo costarricense constituye una declaración de guerra contra la convivencia democrática, la paz social y el respeto mutuo. Quienes la minimizan como una mera cuestión de formas no advierten –o prefieren ignorar– que no solo están estimulando esa guerra, sino tomando partido al lado de quienes la fomentan.
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Ottón Solís es economista. Ha sido diputado, ministro y candidato presidencial.
