EscucharLa democracia moderna requiere un Estado de derecho fuerte, donde se cumplan las responsabilidades y haya mecanismos para la rendición de cuentas. En la medida en que la ciudadanía perciba el cumplimiento de los derechos mínimos vinculados al contrato social, el Estado de derecho se fortalece y, con eso, la democracia. Es un ciclo virtuoso. Si ocurre lo contrario, y el contrato social es vulnerado por ineficiencia estatal, los riesgos para la credibilidad del modelo democrático aumentan.
Las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son una de las mayores evidencias de cómo la transgresión del derecho a la salud se traduce en una pérdida de confianza con efectos devastadores en la dinámica democrática.
En Costa Rica, hemos crecido comprendiendo el alcance de la CCSS. Algunos lo interpretan como la necesidad de la atención de la salud; otros, como el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales que se muestran en el balance contable mensual; y hay quienes ven en el pago periódico de la cuota una forma de ayudar a quienes necesitan el servicio y una previsión personal para el momento en que también lo requieran.
Recientes noticias nos muestran que el problema, lejos de atenderse, se agrava, y el derecho universal a la salud no se cumple. El promedio de espera por una intervención quirúrgica subió de 411 a 424 días entre octubre y diciembre del año pasado, pero en hospitales como el Max Terán de Quepos, en especialidades como vascular, aumenta hasta 1.183 días, y la lista de operaciones en Neurocirugía en el Monseñor Sanabria de Puntarenas es de 1.109 días.
La crisis causada por la renuncia de médicos especialistas anticipa que la situación no mejorará. Hablamos de más de 185.000 personas que requieren una operación en alguno de los 29 hospitales de la CCSS, incluidos los capitalinos San Juan de Dios, Calderón Guardia y México. En este último, en una semana se acumularon 40 casos de emergencia de víctimas de accidentes de tránsito o adultos mayores con fracturas en la cadera, los cuales engrosaron la lista de Ortopedia y Traumatología en vista de la escasez de especialistas.
Las abultadas listas también están en procedimientos diagnósticos en Radiología e Imágenes Médicas, y la situación es particularmente compleja en hospitales regionales como el Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, y en los provinciales Max Peralta de Cartago, San Rafael de Alajuela y San Vicente de Paúl de Heredia. Los días de espera van de 126 a 231.
Las listas también desbordan a la Sala Constitucional y originan nuevos riesgos. La judicialización de la política es un fenómeno creciente y, en consecuencia, las medidas cautelares para la protección de la salud. Cada vez más el tribunal pide a la administración que examine a las personas y otorgue tratamientos en plazos de 24 horas. Aquello que no se resuelve en meses en un centro médico debe atenderse en horas por orden judicial. ¿Fortalece la judicialización de la política de salud pública el sistema de derecho? La respuesta nos vuelve a llevar al círculo vicioso mencionado, con el agravante de que se produce un colapso en otro componente institucional fundamental: el judicial.
El Estado de derecho, el contrato social y la democracia necesitan una optimización de los procesos con mejor gestión e innovación, un aumento de la oferta de servicios —para lo cual hay que considerar los costos—, trabajar más en la prevención de las causas que generan la demanda de servicios de salud, priorizar el seguimiento enfocándose en cada persona que está en la lista de espera y fortalecer el primer nivel.
Durante el desarrollo de la Ruta de la Salud, anunciada por la ex presidenta ejecutiva de la CCSS Marta Esquivel, lejos de alcanzarse las metas, la situación se deterioró. Paradójicamente, quien lideró la fallida iniciativa es hoy ministra de Planificación.
En resumen, sabemos que el sistema de seguridad social debe funcionar, primero, porque no podemos vulnerar el derecho humano a la salud y, segundo, porque cumplir con ese derecho es parte del contrato social establecido hace ocho décadas, en los años de la fundación de la Segunda República, y un componente vital de nuestra democracia.
