EscucharYa resuenan los fuegos electorales, quizá con demasiada antelación. La discusión sobre posibles candidaturas a la Presidencia y a otros puestos de elección popular permea los diferentes recintos de poder político y se cuela en los medios y en el debate público.
En un giro que solo puede interpretarse como un simbólico pistoletazo de salida de esta contienda, el gobierno de Rodrigo Chaves optó por abrazar los ideales más conservadores mediante la adopción de una serie de disposiciones que, como ha sido costumbre en esta administración, anunció con amplio despliegue. No por conocida, la estrategia de radicalizar diferencias en el electorado resulta menos perniciosa para la salud de la democracia.
El miércoles 29 de enero, en conferencia de prensa, el mandatario anunció una serie de medidas alineadas con posiciones de sectores religiosos. El vuelco no podría considerarse sorpresivo, pero su énfasis y el momento elegido para poner la operación en marcha sí dejan traslucir otros intereses. A la eliminación de los protocolos antibullying para estudiantes de la comunidad sexualmente diversa, se sumó el impulso a un plan que endurece las penas por aborto y la supresión del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral en los colegios, a pedido de la entonces ministra, Anna Katharina Müller.
El último caso merece un examen detenido. Las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) le atribuyeron al plan de estudios sobre sexualidad –que colegiales recibían desde el 2012– aparentes “sesgos ideológicos” y una “formación erótica” que, según alegaron, podrían impactar en la educación de los jóvenes.
Para rebatir esa tesis existen sólidas razones. La principal de ellas es la correlación entre la enseñanza de los programas y el marcado descenso en los índices de embarazo en adolescentes. En el 2012, uno de cada cinco nacimientos en el país (19%) correspondía a madres menores de edad; 10 años después, la cifra cayó a un 9%, según datos del Programa Estado de la Nación.
Resulta inaceptable aludir a categorías tan imprecisas como el “erotismo” para fundamentar decisiones de política pública. Pero el oportunismo retórico es efectivo para soliviantar los ánimos, enrarecer la discusión y orientarla hacia extremos irreconciliables, y en Zapote han echado mano de esa práctica desde los albores mismos de esta administración.
En el discurso del actual gobierno, no parece ser ya velado el coqueteo con soflamas antes exclusivas de partidos de tendencia confesional. “La educación sexual es responsabilidad primaria de la familia y al MEP le corresponde complementar esta educación”, se lee en la propuesta del Ministerio para eliminar el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral. No son casuales las similitudes con el machacón “a mis hijos los educo yo”, tantas veces esgrimido en los últimos años por detractores de la educación sexual.
La incoherencia ideológica y programática aliena al votante y tampoco beneficia el necesario debate sobre asuntos como la sexualidad, el género, los derechos reproductivos y, en última instancia, las libertades individuales. Los únicos que parecen sacar rédito de la confusión son los políticos de turno, que adoptan disfraces a medida y según la conveniencia del momento.
A la luz de los hechos más recientes, conviene recordar que fue este gobierno el que impulsó una iniciativa con el fin de legalizar el consumo recreativo de la marihuana, en abierto desafío a los mismos sectores que hoy aplauden las decisiones del MEP sobre los programas de sexualidad.
Una ciudadanía alerta debería poder detectar el uso eminentemente electorero de esta agenda, evidenciarlo y proponer otras formas de abordar la discusión. El país ya vivió en el 2018 un escenario de polarización cuyos catastróficos resultados perduran hasta la actualidad. El desenlace del balotaje entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado abrió profundas brechas entre la población. Si alguien creía superado el trauma y cerrada la herida, los últimos acontecimientos hacen pensar que hay actores políticos aún interesados en hacerla supurar.
En aquel entonces se impuso en la voluntad de la mayoría cierto tradicionalismo moderado. Al ver el abismo, el electorado reculó y se decantó por un centrismo más alineado con el espíritu costarricense.
Con miras a una campaña en la que las opciones políticas proliferan sin control y los discursos de odio emanan con más furia de quienes detentan el poder, es necesario preguntarse qué respuesta cívica dar, una vez más, a la crispación que se avecina. No es exagerado pensar que el desafío es mucho mayor que el de los dos últimos procesos electorales.
De hecho, lo dijo Luis Antonio Sobrado, quien hasta el 2021 fue presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en la entrevista publicada este domingo en nuestra Revista Dominical: “Para mí, será la elección más complicada que ha tenido el país desde los años 40”.
