Durante los casi tres años que ha estado en funciones la actual Asamblea Legislativa, cinco diputaciones se han separado de sus fracciones y convertido en independientes. En todos los casos, sus protagonistas han sido mujeres elegidas por partidos sin representación política previa. Nos referimos a Gloria Navas, de Nueva República (mutación de Restauración Nacional); María Marta Padilla, de Progreso Social Democrático, y Kattia Cambronero, Johanna Obando y Cynthia Córdoba, del Liberal Progresista.
Estas decisiones tienen múltiples antecedentes en otras legislaturas. Según una lista elaborada por nuestra periodista Lucía Astorga –y publicada en su reportaje del 24 de este mes–, desde la que se inició en el año 2002, 14 diputados y 18 diputadas se han declarado independientes de sus fracciones. Esto da un promedio de 5,3 por cada cuatrienio; en esencia, el número acumulado en el actual.
De quienes tomaron la decisión en ese lapso, solo dos pertenecían a los partidos de más larga trayectoria en el país: uno, a Liberación Nacional; otra, a la Unidad Social Cristiana. Esto sugiere que la insuficiente estabilidad, trayectoria y decantación –tanto organizacional como programática– de los partidos emergentes es un poderoso factor explicativo del fenómeno.
Su proliferación no solo ha contribuido a dispersar todo el espectro político-electoral, sino también la composición de la Asamblea Legislativa, en dos niveles: el primero, un mayor número y menor tamaño de las fracciones (resultado natural de más partidos); el segundo, la fragmentación de algunas de ellas, que exacerba la dispersión general.
Otra dimensión del fenómeno es la mayor cantidad de mujeres que se han declarado independientes, una diferencia proporcionalmente muy significativa si tomamos en cuenta que el total de diputadas en el período analizado ha sido mucho menor que el de diputados. No fue sino hasta el período 2018-2022 que, gracias a un proceso de acción afirmativa, se acercaron a la paridad (26 de 57), que con las 28 actuales es total.
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La semilla de los avances en tal sentido es producto tanto de dinámicas sociales como legales. Los cambios experimentados por el papel de la mujer en el ámbito familiar, laboral, académico y profesional, han sido progresivos y han ampliado sus caminos en la política. A la vez, han existido decisiones deliberadas de política pública para impulsar su incorporación.
La primera manifestación en la legislación nacional fue la entrada en vigencia, en 1990, de la Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer. A ella siguió, en 1996, una reforma al Código Electoral vigente desde 1952, que estableció una cuota de participación del 40% tanto en los órganos internos como en las listas de candidatos de los partidos, aunque sin establecer el orden de ubicación que debía seguirse.
El nuevo Código, de 2009, dispuso la igualdad de representación, y obligó a la alternancia por sexo en cada lista (paridad vertical). Posteriormente, gracias a una resolución de la Sala Constitucional adoptada por el Tribunal Supremo de elecciones, se añadió la paridad horizontal (entre los primeros lugares de las papeletas), que se aplicó por primera vez en las elecciones de 2018.
No se ha analizado sistemáticamente el porqué de la alta proporción de mujeres que se declaran independientes. Sin embargo, existen hipótesis bien fundadas. Entre ellas están que, en los partidos nuevos, su trayectoria interna no ha tenido oportunidad de consolidarse; la tradición de liderazgos masculinos en las fracciones, que generan marginación y frustración, y la dificultad de superar prejuicios acendrados. Ante estas situaciones, las agrupaciones políticas, en particular las nuevas, deben esforzarse por vías para el desarrollo interno de los liderazgos femeninos, tanto por deber como por conveniencia, ya que la diversidad genera beneficios.
Por su parte, la dispersión en el seno de la Asamblea implica que, para legislar adecuadamente, es más necesario que nunca emprender procesos de negociación permanentes, tanto entre las fracciones y diputaciones independientes, como entre el Poder Ejecutivo y todas ellas.
Hasta ahora, la primera dimensión de este imperativo se ha desarrollado con relativa fluidez y éxito, a juzgar por la cantidad e importancia de varias leyes y reformas aprobadas en el actual cuatrienio, sobre todo en materia de seguridad y finanzas.
Sin embargo, como ha sido tantas veces documentado, el Ejecutivo ha abandonado irresponsablemente cualquier esfuerzo de negociación y concertación. En su lugar, ha optado por una creciente y violenta confrontación verbal. De lo primero es ejemplo que, tras la renuncia de Laura Fernández como ministra de la Presidencia, el 31 de enero, nadie la ha sustituido; de lo segundo, las constantes diatribas del presidente Rodrigo Chaves contra diputados y la Asamblea como institución.
Los actores políticos deben adaptarse a las nuevas dinámicas y realidades sociales, políticas, económicas y culturales. La dispersión es una de ellas, y hay que afrontarla con seriedad, competencia y buena voluntad.
