La semana anterior, el OIJ y la Fiscalía detuvieron a los productores Don Stockwell y Hugo Barboza, entre al menos 18 detenidos del denominado Caso Éxodo, por presunta legitimación de capitales de la estructura atribuida a Edwin Vargas, alias Sobrino, preso desde el año 2025. Según el OIJ, esta organización habría invertido cerca de $859.000 en tres eventos en que ambos participaron, con dinero que probablemente circuló en efectivo, fuera del sistema bancario.
A propósito de las detenciones, se conoció además que el 28 de marzo anterior, en un concierto producido por Barboza en el Estadio Nacional, la entonces presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, recibió flores de él, lo abrazó y se tomó fotografías a su lado. La acompañaban su esposo; el hoy vicepresidente Francisco Gamboa, y Pablo Martínez Bertozzi, entonces asesor y, desde el 1.° de junio anterior, director de la DIS. El OIJ investigaba a Barboza desde hacía dos años, es decir, ya era objetivo de las autoridades. La propia presidenta compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales, mientras una fuente policial dijo que Barboza presumió esas fotos ante otros miembros de la estructura.
Nada de lo acá mencionado atribuye a la mandataria ni al vicepresidente participación en los hechos investigados y tomarse una fotografía no es un delito –más bien, es algo propio del oficio de la política, sobre todo durante la campaña electoral–. Tampoco el rastro es de un solo partido, ya que, según datos del TSE, Stockwell aportó más de ¢14 millones a Unidos Podemos en la campaña 2026, partido de la exministra de la Presidencia Natalia Díaz.
Días antes, se conoció la foto de la exdiputada oficialista Pilar Cisneros con Guobin Tam Zhang, detenido con fines de extradición.
Que no haya vínculos confirmados no cierra el interés en estos hechos, ya que los gobernantes responden más allá de lo que es penalmente probado. Cuando se dan dos episodios en una misma semana, es inevitable pensar que algo está sucediendo.
La primera pregunta obligatoria es: ¿qué hace la DIS? La ley le encarga detectar las amenazas del crimen organizado y proteger a los jerarcas. En aquel concierto, la mandataria iba con escoltas de la Unidad de Protección Presidencial; la acompañaba quien hoy dirige la DIS y ella además dirigía la cartera de la Presidencia. O la DIS no sabía quién era el anfitrión, y entonces no cumplió su labor, o lo sabía y no lo evitó, en cuyo caso, el problema es peor. No hay más respuestas, o al menos, quien era entonces su director –Jorge Torres, hoy al frente del ICD– remitió las consultas de este diario a su asesora de comunicación.
La presidenta respondió que no tiene “una bola mágica en la cartera” y que Barboza no tenía causa penal pública. Nadie le pide a la presidenta adivinar el futuro; precisamente para eso existe un servicio de inteligencia al que se le paga, se le equipa y se le confía la seguridad del Estado. Dijo Fernández, además, que la invitación le llegó por Francisco Gamboa, sin que se sepa quién verificó a quién, antes y después. Aseguró también que “nosotros no nos codeamos con nadie”, frase que sienta mal cuando se observa el profuso abrazo en el video compartido.
La misma presidenta dijo el 1.° de julio que el crimen organizado se estaba metiendo “hasta los tuétanos” del Poder Judicial. La Corte Plena la instó a presentar las denuncias con la seguridad de que se investigarían. Quien señala infiltración en la casa ajena asume una vara que luego le miden en la propia, y hoy la sospecha llega a su entorno directo, a su gobierno y al partido que la llevó al poder.
Es fácil echar mano al recurso de culpar a la prensa, a los jueces o a la oposición, invirtiendo los papeles de víctima y agresor, como ha sucedido durante meses con los magistrados. Sin embargo, no puede quedar sin respuesta lo único que realmente importa: cómo llegaron investigados de legitimación de capitales hasta la presidenta o su entorno, quién debía impedirlo y por qué no lo hizo.
Pueblo Soberano anunció una investigación interna para saber quién invitó a Tam Zhang a la celebración electoral. Si la investigación es real, será indispensable conocer pronto quién gestionó esa invitación, así como la de Barboza, qué controles existieron antes de ese concierto y por qué no funcionaron. Se necesitan hechos, no adjetivos dirigidos a quienes formulan las preguntas. La justicia determinará las responsabilidades, pero a la Presidencia le corresponde explicar lo que está a su alcance, que no es poco.
Hace algunas semanas, la presidenta exigió a sus ministros combatir el narcotráfico “caiga quien caiga”. Falta ver en acción todo lo que implica esa frase. La presunción de inocencia ampara a los detenidos, pero no exime del escrutinio a los funcionarios públicos que se colocaron en una posición que lo justifica. Con techo de vidrio, la prudencia sugiere dejar de lanzar piedras.
