Toda campaña electoral genera pugnas, ruidos y, por supuesto, un alto grado de incertidumbre, que solo se aclara con el cómputo de los resultados. La que ya comienza a perfilarse, con vistas a las elecciones para la presidencia y diputaciones, el 1.° de febrero del próximo año, no solo tendrá esas características, sino que, probablemente, también se vea marcada por una serie de variables que la harán más turbulenta. Como sociedad, debemos hacer lo posible por evitarlo, y esforzarnos por impulsar una contienda en que las diferencias se ventilen con respeto y los inevitables ataques no traspasen los límites elementales de la decencia.
La tarea corresponde a todos, pero, en particular, a los candidatos, candidatas y representantes del Gobierno y los partidos políticos. También atañe al Tribunal Supremo de Elecciones, en su condición de sumo garante del proceso, y a los diputados, que tienen ante sí iniciativas de ley que podrían mejorar su desarrollo.
Ya Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana fijaron fechas para las convenciones, ambas abiertas, de las que saldrán sus respectivas candidaturas presidenciales. La ex primera dama Claudia Dobles manifestó recientemente su intención de encabezar la papeleta del Partido Acción Ciudadana. En otras tiendas políticas no se han manifestado precandidaturas, pero intramuros el activismo aumenta, y en todos los casos se multiplican las aspiraciones diputadiles.
El 31 de este mes vencerá el plazo para presentar las solicitudes de inscripción de los partidos políticos y para que renuncien ministros, magistrados y algunos otros de muy alto rango que pretendan entrar en la competencia presidencial.
Durante el resto del año, y hasta el primer domingo de febrero de 2026, el cronograma electoral contempla otros momentos clave, entre ellos, la convocatoria a elecciones, el 1.º de octubre, y el límite para presentar solicitudes de inscripción de candidaturas, el 17 del mismo mes.
Todo indica que, nuevamente, habrá una enorme dispersión de la oferta electoral, con su consecuente estímulo a la confusión. La mayor intensidad en el uso de las redes sociales, la menor moderación del contenido anunciada por sus plataformas y la irrupción de herramientas de inteligencia artificial de fácil uso y enorme potencial para falsificar identidades darán pie a las simulaciones, las falsedades y la desinformación. Si ya aparecieron troles destinados a desacreditar precandidatos, con mayor razón podrán proliferar en los próximos meses.
A lo anterior se añade un presidente de la República empeñado en generar polarización, erosionar la confianza en las instituciones, vilipendiar adversarios políticos y articular una batería de medios afines para potenciar el impacto de todo ello. Es algo sin precedentes en nuestro entorno político-electoral, y se convierte en otro grave factor de distorsión.
En la parte positiva, tras una decisión de la Sala Constitucional, el TSE logró restaurar la doble instancia para tramitar denuncias de beligerancia política, un procedimiento que estaba paralizado. Además, la comisión legislativa encargada de discutir reformas electorales ya dispuso elevar los umbrales para inscribir nuevos partidos y facilitar desinscribir los inactivos, regular la propaganda por vías digitales e introducir mayores cuotas de transparencia en el financiamiento.
Ahora urge convertirlas en ley. Por desgracia, en el período de sesiones extraordinarias el Ejecutivo solo ha convocado la referente a financiamiento. Habrá que esperar el de ordinarias, que comenzará el 1.° de mayo, para que las demás sean votadas en el plenario.
Durante la campaña municipal del pasado año, jóvenes de 38 partidos se pusieron de acuerdo y redactaron el Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata, con 25 compromisos, suscrito por representantes de 52 agrupaciones competidoras. Es necesario estimular una iniciativa similar para establecer, cuando menos, un punto de referencia para exigir cuentas ante posibles transgresiones.
Por supuesto, el impacto de las normas y regulaciones tiene límites. El financiamiento indebido no puede evitarse del todo; tampoco la desinformación, los insultos, los rumores y los ataques. Por eso, los medios de comunicación y los ciudadanos debemos cumplir con nuestra responsabilidad: los medios, cerrándoles la puerta a esas maniobras y denunciando las que se detecten; los ciudadanos, rechazando a los políticos y candidatos que las utilicen.
Falta un año y seis días para las elecciones. Es tiempo suficiente para prepararnos, fortalecer nuestras defensas y convertirnos en promotores de un proceso mejor.

