La conclusión difícilmente puede ser más clara y alarmante. El régimen de Nicolás Maduro ha endurecido sus mecanismos y aumentado sus esfuerzos para aplastar a la oposición pacífica en Venezuela, y ha sumido al país “en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”. Algunas de esas acciones “constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos” y se han cometido “respecto de personas críticas del gobierno, personas opositoras políticas u otras percibidas como tales”, incluidos simples ciudadanos.
La fuente de estas denuncias, a la vez, difícilmente puede ser más sólida y legítima. Se trata del más reciente informe emitido por la misión internacional independiente, establecida en setiembre del 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar posibles violaciones de esta naturaleza en el país. Desde entonces, el mandato del grupo ha sido renovado cada año. Sus integrantes son reconocidos expertos independientes en la materia.
El reporte actual, dado a conocer el martes, se ocupa de los hechos sucedidos entre setiembre del pasado año y agosto del presente, y define como “acontecimiento central” del período las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, ganó por abrumadora mayoría, pero el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, adjudicó el triunfo a Maduro, quien sigue enquistado en el poder, en medio de cuestionamientos y denuncias nacionales e internacionales.
Las protestas contra el fraude “fueron brutalmente reprimidas y dejaron un balance de 25 muertos y centenares de heridos y detenidos, en la que constituye una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país”, afirman los expertos. Sin embargo, la represión se activó en el período previo a las elecciones, durante el cual “la misión investigó 42 casos de detenciones arbitrarias y registró numerosos actos de hostigamiento, represalias y ataques contra los actos de campaña de la oposición”, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática.
Es decir, la orquestación del régimen, a la que nos hemos referido en otros editoriales, incluyó distintas etapas. Además de descalificar candidatos, monopolizar los medios de comunicación y tratar de confundir a los electores con candidatos de micropartidos títeres, desató una oleada represiva previa. Cuando nada de lo anterior funcionó y el triunfo de González Urrutia además de abrumador fue documentado por los opositores, activó los siguientes actos: falsear los resultados y emprender, en lo que el informe define como “el marco de la operación Tun Tun”, una persecución feroz, con hostigamientos, amenazas y detenciones.
Entre los blancos de esa arremetida no solo estuvieron activistas opositores, peor aún, “la gran mayoría de las víctimas de la represión fueron personas sin un claro perfil político que simplemente alzaron su voz contra los resultados anunciados”. Así se creó “un clima de terror generalizado en la población”, revela el documento de los investigadores independientes. Todo esto fue instigado “por las altas esferas civiles y militares del Estado”, incluido el presidente Maduro, “a través de declaraciones públicas de carácter amenazante”.
Fraude y represión. Esta es la receta. No tiene nada de nuevo, pero el informe la expone de manera contundente. Razón de más para rechazar al dictador actual como ganador, reconocer a González Urrutia como legítimo presidente electo, definir lo ocurrido como un brutal golpe de Estado contra la voluntad popular y reaccionar de manera firme contra las agresiones a los derechos humanos documentadas por los expertos de las Naciones Unidas.
El grupo plantea una serie de recomendaciones para abordar la situación. Muchas de ellas están dirigidas a las autoridades de la dictadura, quienes, sin duda, las desestimarán como lo han hecho con informes previos. Por ello, la mayor iniciativa debe ser tomada por la comunidad internacional. “En particular —dice el informe— debe insistirse en la necesidad de la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como en la justicia y la reparación para las víctimas”. Y recomienda que tales esfuerzos incluyan “los llevados a cabo sobre la base del principio de jurisdicción universal, así como la investigación de la Corte Penal Internacional”.
En esencia, como no puede esperarse justicia dentro de Venezuela, las iniciativas deben provenir del exterior y apuntar a los responsables, en particular a Maduro y las “altas esferas civiles y militares” cómplices. Ante los crímenes de lesa humanidad no debe haber tolerancia alguna.
