Luego de tres años de una exhaustiva investigación, sustentada en abundantes pruebas y rigurosos análisis, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió un revelador y perturbador informe sobre las estructuras paralelas que, según indica, fueron utilizadas en forma ilegal para financiar parcialmente la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves.
El documento forma parte de los expedientes secuestrados el 17 de enero en esa institución por el fiscal general, Carlo Díaz, con el aval de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. A esta instancia le corresponde autorizar, y a la Fiscalía General realizar, tales diligencias, cuando involucran a miembros de los supremos poderes.
Decimos que el informe es revelador por la forma detallada en que, gracias a sus rigurosas pesquisas, reconstruyó la línea temporal y los procedimientos con que operaron esas estructuras, a las que atribuye acciones expresamente prohibidas por el Código Electoral. Para lograrlo, se nutrió no solo de testimonios y documentos diversos, sino también de la información recabada tras obtener permiso para levantar los secretos bancarios y tributarios a varios de los investigados, entre ellos el presidente.
Las posibles violaciones al Código son, en sí mismas, perturbadoras: implican un claro desdén por la ley, inaceptable en cualquier persona, pero, sobre todo, entre quienes aspiran a cargos de elección popular. Además, constituyen una forma de obtener ventajas financieras ilegítimas en la competencia electoral, con lo cual atentan contra la igualdad de condiciones que debe prevalecer para todos los partidos y candidatos. Y no podemos dejar pasar que el manejo de contribuciones sin transparencia y al margen de los controles legales puede convertirse en un mecanismo para el tráfico de influencias.
Con su informe, el TSE, como acostumbra, ha cumplido a plenitud con sus responsabilidades; por ello, merece reconocimiento. Ahora corresponderá a la Fiscalía emprender las acciones que considere necesarias, y que podrán generar acusaciones contra todas o algunas de las 16 personas involucradas en el caso. Entre ellas figuran, de manera prominente, el presidente Chaves; el primer vicepresidente, Stephan Brunner, y su canciller, Arnoldo André. A ellos, el departamento a cargo de la investigación les atribuye diversos delitos electorales, con penas mínimas de dos y máximas de cuatro o seis años de prisión, según el caso. Es la primera vez en nuestra historia que personas de tan alto rango son señaladas de tal manera.
Las estructuras paralelas, detalla el documento, al que La Nación tuvo acceso, fueron dos. La primera se valió del fideicomiso Costa Rica Próspera y, según el TSE, movilizó ¢112 millones para gastos electorales. La segunda utilizó las cuentas bancarias de Sofía Agüero, entonces asistente de Chaves, para mover ¢136 millones. Ambas, afirma el Tribunal, operaron al margen de la ley, sin control de la tesorería Partido Progreso Social Democrático (PPSD) –plataforma electoral del hoy presidente–, y sin reportes públicos de los donantes.
Señala que el fideicomiso operó entre el 25 de febrero y el 8 de octubre de 2021; es decir, al menos durante dos meses en los que Chaves ya era, oficialmente, candidato. Esto desmiente la afirmación infundada y recurrente de algunos de sus allegados políticos, en particular la diputada Pilar Cisneros, quienes han dicho que esa estructura se usó antes de que empezara su campaña.
A la segunda estructura la define como “un modelo opaco, clandestino y oscuro, del que nunca se informó al órgano electoral para el respectivo ejercicio de fiscalización y revelación oportuna ante el electorado”.
A Chaves lo señala por haber recaudado fondos mediante el fideicomiso, sin autorización del tesorero del partido, y de recibir contribuciones, tanto desde el fideicomiso como desde las cuentas de su exasistente, en todos los casos contrariando lo dispuesto por el Código. A André le atribuye delitos por donar y, además, recaudar fondos para la campaña mediante Costa Rica Próspera, también sin autorización de la tesorería partidaria. Y a Brunner, quien fungía como tesorero del PPSD, lo responsabiliza de no haber denunciado, pese a saberlo, la recepción de contribuciones ilegales.
Otras personas a las que señala por posibles delitos son los diputados Waldo Agüero, su hija Sofía, y Luz Mary Alpízar, presidenta del partido, así como al banquero Jack Loeb Casanova, donante de ¢69,5 millones. Añade a 11 más por donaciones ilegales mediante el fideicomiso.
Mientras ejerzan sus cargos, Chaves y los demás miembros del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa estarán cubiertos por la inmunidad; si no renuncian a ella, el proceso estará detenido mientras se mantenga esa condición. Peor aún, tal como destacamos en nuestro el editorial del pasado sábado, el presidente parece empeñado en añadir a esa coraza otra de impunidad, mediante infundios destinados a desprestigiar y amedrentar al Poder Judicial como un todo y, en especial, al fiscal general, responsable de impulsar este y otros 50 casos que lo involucran. Tales esfuerzos deben ser rechazados con firmeza.
Si Chaves no renuncia a la inmunidad, al menos, por responsabilidad hacia su cargo, la legalidad y la igualdad ante la ley, debe dejar de utilizar su poder de influencia como presidente –algo de lo que ningún otro ciudadano disfruta– para interferir en el curso de la justicia. Por desgracia, tenemos casi la certeza de que, más bien, arreciará en sus ataques y esfuerzos de descrédito. Es lo que ha hecho hasta ahora, cada vez con mayor intensidad.
