Una vez pudo ser un descuido. Dos veces, una coincidencia incómoda. Pero tres veces ya es una pauta. Según la publicación de este diario, Guobin Tam Zhang, detenido el 2 de octubre para ser extraditado a Estados Unidos, estuvo en la celebración del triunfo de Laura Fernández en el hotel Aurola, el 1.° de febrero; en el cierre de la Semana del Cooperativismo, el 25 de abril, y en la fiesta con que Freddy González festejó su elección como secretario general de Pueblo Soberano, el 14 de junio. Todavía nadie explica cómo llegó a ninguna de las tres.
Una aclaración es necesaria: no todas fueron actividades del partido. La de abril fue un acto cooperativo, aunque allí Tam ocupó la cuarta fila, a pocos metros de ministros, diputados, la entonces presidenta electa y el presidente Rodrigo Chaves. Tampoco hay condena. Tam es un presunto narcotraficante, requerido por la justicia estadounidense, cuyo expediente lo vincula con supuesto lavado de capitales y la aparente negociación de una venta de cocaína a un agente encubierto de la DEA.
Pero tres presencias en espacios de acceso restringido, cerca del poder, en cuatro meses, ya no admiten la explicación de que alguien se coló.
A esos encuentros se suma otro, celebrado el 4 de setiembre en la Casa China, con motivo del cumpleaños de la dirigente cooperativista y funcionaria legislativa Kathleen Quirós, entonces pareja de Tam. Según se informó, a la fiesta también asistió Alexander Astorga, tesorero del PPSO y jefe de despacho de la presidenta Laura Fernández. Astorga aseguró que Quirós lo invitó directamente, que desconocía la presencia de Tam y que ella se lo presentó al llegar. Freddy González también habría estado en la celebración.
Y, el 29 de setiembre, tres días antes de su detención, Tam se reunió con el regidor independiente de San José, Luis Murillo, en las instalaciones del Concejo Municipal capitalino, pues, al parecer, tenía interés en asumir el negocio del redondel de toros de Zapote durante las fiestas de fin y principio de año.
Las respuestas oficiales se parecen más a un ejercicio de evasión que a una aclaración. Freddy González admite que conoció a Tam hace unos ocho o nueve meses, presentado por el dueño de un restaurante, y que él mismo lo presentó a Kathleen Quirós. Dice saber quién lo invitó a su fiesta, pero se niega a decirlo. El PPSO anunció una investigación interna sin plazos, sin responsables y, hasta ahora, sin resultados. Y el dirigente decide callar.
Esa cadena de presentaciones merece más atención que la anécdota. Un restaurante del centro de San José, un dirigente cooperativista y una funcionaria legislativa, miembro suplente de la junta de Conacoop y, para entonces, pareja de Tam, son los eslabones que reconstruye la nota de La Nación. Esos eslabones tienen nombre y apellido, y ninguno explica los motivos por los cuales abrieron puertas a Tam. Y la reacción más reciente no ayuda: el 19 de noviembre, minutos antes de una conferencia del Conacoop, retiraron la tarjeta y la silla reservadas a la funcionaria legislativa. Eliminar su rastro es más fácil que dar la cara.
En el caso de González, hay una pregunta adicional: la Contraloría lo inhabilitó para ejercer cargos públicos en febrero de 2025 y, un año y medio después, dirige la Secretaría General del partido de gobierno. ¿Cuáles son los filtros del oficialismo para integrar su cúpula? Porque recordemos que la presidencia del partido la ostenta la diputada Mayuli Ortega, quien también dijo ignorar cómo llegó Tam.
En 2023, en una comparecencia legislativa, Ortega se abstuvo de responder la mayoría de las preguntas que se le formularon, y desde entonces pesan dudas sobre su situación judicial en México, que ella ha desmentido. No son condenas, pero sí pautas que dejan interrogantes sobre los criterios de selección de los dirigentes oficialistas y, sobre todo, sobre la aparente indiferencia del partido ante los cuestionamientos que pesan sobre sus dirigentes.
La responsabilidad no se agota en el partido. El gobierno de Laura Fernández llegó al poder con un discurso contra la penetración del narcotráfico. Ese discurso se vuelve hueco si quienes lo pronuncian no pueden explicar quién dejó pasar a un presunto lavador de dinero a sus propios festejos. La Fiscalía hará su trabajo, y quizá el propio Tam hable desde la cárcel, pero las explicaciones judiciales no sustituyen las explicaciones políticas.
Corresponde, pues, que el PPSO divulgue qué averiguó su investigación interna, que se identifique a quien invitó a Tam a cada evento, que se aclare qué controles de acceso existían, que la presidenta diga si le parece aceptable lo ocurrido, y que se adopten protocolos para que no se repita. Callar ya no es una opción neutral.
Todo apunta a que Tam y González frecuentaban los mismos grupos desde meses antes de la detención, y que esa cercanía le abrió a Tam paso a círculos cada vez más reducidos de poder. González niega haber sido quien lo invitó, pero sabe quién abrió esa puerta. Al negarse a decirlo, prioriza a su círculo político sobre el país, que tiene derecho a saberlo.
