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Ni es banco ni es popular, decía el recordado filósofo Constantino Láscaris, agudo crítico del Banco Popular. Décadas más tarde, la sentencia no pierde sentido. La institución no compite como las demás para captar recursos porque la ley le destina el ahorro obligatorio, por el cual no siempre pagó los intereses del mercado. Las captaciones por encima de eso son, simplemente, miel sobre hojuelas.
Otras normas de la banca tampoco parecen aplicables cuando se trata del Popular, como ha sucedido con los nombramientos de sus directivos en procesos totalmente ajenos a los trabajadores, cuya participación justificaría el calificativo de “popular”, y sin garantía de la primacía de los criterios técnicos.
Hay otras diferencias con la banca en general, pero la más notable es la captura mensual del 0,5 % del salario de todos los trabajadores formales del país. El Banco Popular se deja la mitad durante 18 meses, lo que representa una enorme ventaja frente a las demás instituciones financieras y una desventaja para los trabajadores sobre cuyos hombros descansa, una vez más, el calificativo de “popular”. Pasado ese lapso, el dinero pasa a las cuentas de pensiones complementarias de los asalariados.
La otra mitad de la captación mensual, el 0,25 % de los salarios, queda en el banco para capitalizar sus operaciones. Así, la institución se constituye en una de las entidades financieras con más activos, lo cual no ha impedido, a lo largo de la historia, una sucesión de escándalos y pérdidas.
No lejos de la sede del banco en San José está el edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) donde los encargados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el sistema de pensiones más importante del país, pierden el sueño debido a un déficit actuarial de ¢74,6 billones. Se trata de un monto seis veces superior a la estimación de gastos del Gobierno Central en el presupuesto nacional del 2025 (¢12,4 billones). Es, también, 1,5 veces la producción estimada del país para el 2024 (¢49,1 billones).
El IVM es un factor de crítica importancia para la estabilidad social. En todo el mundo abundan los ejemplos de la turbulencia causada por el deterioro de los regímenes de pensiones y los traumáticos ajustes requeridos en países donde no se emprendieron reformas menos drásticas en el momento oportuno.
Por su parte, el Régimen No Contributivo, cuyos beneficios alcanzan a 150.000 personas, acumula un déficit de ¢43.000 millones y comenzará el 2025 con un faltante de ¢18.600 millones, según Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja.
Vista la abundancia en el Popular y las necesidades en la Caja, el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), rejuveneció un texto promovido por Pedro Muñoz Fonseca y María Inés Solís Quirós, legisladores del período 2018-2022, para trasladar a las jubilaciones el 0,25 % que hoy se deja el banco.
La iniciativa fue dictaminada afirmativamente, por votación unánime de la Comisión de Asuntos Económicos, pero cayó en el archivo en setiembre del 2023, cuando venció el plazo de cuatro años de vigencia de todo proyecto legislativo. Por eso, Pacheco se vio obligado a revivirlo mediante la nueva presentación a la corriente legislativa.
La idea encontrará oposición en los poderosos sectores que tradicionalmente han manejado el banco, incluidos sindicatos y cooperativas, pero la pregunta para la Asamblea Legislativa es dónde producirían mayor beneficio los recursos y, si se quiere, dónde urgen más. La respuesta no puede ser más evidente. El dinero de todos beneficiará más a casi todos si se utiliza para fortalecer las pensiones de la Caja. Queda por definir a cuál de los dos regímenes, pero no hay duda del efecto benéfico de tanto dinero frente a una amenaza tan grave como la desprotección de la vejez.
