Con tal de construir Ciudad Gobierno, proyecto que la administración anterior dejó prácticamente listo y la actual decidió reencauzar con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por medios reñidos con la legalidad, el presidente Rodrigo Chaves está dispuesto a dar al traste con los medios a disposición de la Contraloría General de la República para garantizar el buen manejo de los fondos públicos.
Ciudad Gobierno no es la única iniciativa a la cual se le aplicaría el desmantelamiento de controles, pero se le menciona específicamente en el proyecto de ley sometido este miércoles, simultáneamente, al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Asamblea Legislativa, para intentar llevarlo a referendo por una de esas dos vías.
Otros artículos de la propuesta insinúan el impulso a proyectos sobre los cuales viene insistiendo el Ejecutivo, como la habilitación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para incluir inmuebles propiedad del Estado o bajo su administración en alianzas acordadas con otras entidades públicas o privadas para desarrollar obras.
Una reforma de alcance más general, originalmente planteada para permitir la contratación de Ciudad Gobierno, modificaría el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para permitir contratos sin los controles existentes ni apego al principio de concurso público, establecido por la Constitución Política, según las críticas de la propia Contraloría.
Esa iniciativa posibilitaría cumplir el ideal expresado por la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, de otorgar contratos públicos “a dedo o no a dedo”. La intención de la reforma es establecer la opción “a dedo”, porque la otra ya existe en nuestra legislación y en todas las que se precian de modernas y democráticas. Claro está, la posibilidad de optar por “a dedo” quedaría en manos del Ejecutivo.
El boquete abierto al paso de la corrupción es completamente obvio, y el país no tardaría en lamentarlo. Las maniobras ejecutadas recientemente para evitar controles condujeron a resultados lamentables, como en el caso de la inclusión de las reparaciones de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en un decreto firmado para enfrentar una emergencia que no la dañó. Fue el propio presidente Rodrigo Chaves quien cuestionó el resultado de la contratación sin controles, y hasta destituyó al ministro de Obras Públicas Luis Amador y al director de Aviación Civil Fernando Naranjo.
En su propia administración, y sin que exista una ley que lo permita, el presidente ofreció al país un ejemplo de cuánto puede suceder cuando las contrataciones no pasan por los controles debidos. Según dijo, la adjudicación de las obras costó $2 millones (¢1.000 millones) más al pueblo de Costa Rica.
Nadie puede negar a los partidarios del gobierno la recolección de firmas para convocar un referendo sobre la iniciativa, aunque contiene aspectos de dudosa constitucionalidad, pero el Congreso haría mal si proporciona los votos requeridos para evitar la convocatoria mediante petición firmada por el 5 % de los electores. Sumarse al Ejecutivo para llamar a referendo sin necesidad de las firmas es apoyar el proyecto por el fondo, y quienes lo hicieran asumirían una grave responsabilidad con el futuro.
La propuesta no tiene atractivos para los diputados de oposición. Si el referendo fracasa, se habrán hecho socios de una derrota en defensa de una mala causa. Si, como parece improbable, la consulta sale adelante, tendrán responsabilidad política frente a las inevitables anomalías del sistema de contratación a dedo que habrían ayudado a crear.
