Cuando se diseña una política pública, se deben contemplar todos los ángulos, consecuencias y resultados. Deben tenerse claras las razones por las cuales, por ejemplo, un mercado no está funcionando correctamente y cuáles son las medidas para atender cada distorsión identificada.
Cuando se diseñó la Ruta del Arroz, bajo el supuesto de eliminar las causas de la disparidad entre los precios del grano en el mercado local y el internacional, la tarea se hizo incompleta y esto produjo los desastrosos resultados.
El mal funcionamiento del modelo precedente era evidente en una actividad dominada por unos pocos grandes productores con altos niveles de productividad. La fijación de los precios se hacía con base en los costos de los pequeños productores, con pobres economías de escala, escasa tecnología y terrenos poco aptos. En consecuencia, aquellos con elevadas economías de escala, tecnificación y poder de mercado se quedaban con las enormes ganancias.
Eran esos grandes productores, a través del Conarroz, quienes dictaban los costos para el modelo y determinaban cuánto sería el desabastecimiento para establecer los volúmenes de importación a cero arancel. Las importaciones las realizaban los mismos productores e importadores a gran escala. El erario prácticamente no percibía ningún ingreso por esas importaciones.
Aparte de las sustanciosas rentas por las diferencias de costos de producción, los grandes productores obtenían las ganancias propias, probablemente legítimas, de las importaciones. Sin embargo, los precios se mantenían altos y trasladaban al consumidor escuálidos márgenes por la diferencia con los precios de la importación.
La eliminación de ese modelo era impostergable para proteger al gran perjudicado: el consumidor. Como suele suceder en las órbitas gubernamentales, las cosas se hicieron a medias. Se redujeron sustancialmente los aranceles de importación, se permitió la importación del grano sin la traba del decreto de desabastecimiento y se eliminaron varias restricciones.
Pero en lo atinente a velar por el fomento de la competencia y eliminar las interferencias de los actores dominantes, no se hizo nada. De ahí los resultados. El precio al consumidor no bajó y más bien aumentaron las utilidades de los actores dominantes, especialmente en las etapas de importación y mercadeo. En la práctica, esos agentes se hicieron con la totalidad del impuesto equivalente anterior, el diferencial en el precio y las rentas monopolizadoras.
La liberación del mercado se llevó a cabo en una coyuntura complicada, con precios internacionales al alza y una crisis de triplicación en los costos de los contenedores. Este último factor agravó fuertemente las posibilidades de competencia, pues solo los grandes empresarios podían darse el lujo de comprar el producto a granel en el extranjero y traerlo en grandes buques. Los importadores de pequeña escala quedaron sin posibilidad de competir. Los importadores, por consiguiente, aprovecharon el momento para multiplicar sus ganancias, extrayendo sus rentas de los escuálidos bolsillos del consumidor final.
En los últimos meses, los precios del arroz han estado a la baja, desde $19 los 46 kilos hasta $16 o menos, y, aunque con altibajos, también se han reducido los precios de los contenedores. Sin embargo, el valor interno más bien ha reasumido el alza en la gran mayoría de los expendios, neutralizando la escasa reducción observada hace algunos meses.
Una planificación cuidadosa habría previsto estas circunstancias y políticas necesarias para contrarrestar el poder de mercado de unos pocos. Más importante aún habría sido fortalecer la capacidad de control de los monopolios en la cadena de producción, importación y mercadeo.
Era urgente robustecer la capacidad de acción de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), dotándola de herramientas, tecnología y personal suficiente para ejercer sus funciones. El gobierno, desatendiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sistemáticamente ha minimizado su capacidad y propiciado la concentración y el abuso de poder de los monopolios, así como los precios cada vez más alejados de un mercado competitivo.
Sería inconveniente regresar a la vieja práctica de fijación o control de precios, o los decretos de desabastecimiento. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio debería crear un sistema eficaz de información, de amplia difusión, con el debido respaldo de técnicas estadísticas, sobre las principales variables del mercado, tales como precios internacionales, costos de transporte y precios finales. Así, posibilitaría a productores locales y pequeños importadores la toma de decisiones informadas acerca de la producción interna o la importación a menores escalas. Los consumidores, por su parte, sabrían si lo pagado por cada kilogramo está dentro de márgenes razonables.
El fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda suspendió, como medida cautelar, el decreto de reducción de los aranceles a la importación de arroz. Grosso modo, los jueces se basaron en criterios económicos para sustentar su dictamen. Desde luego, la resolución judicial debe ser acatada en todos sus extremos, pero en la resolución final es deseable atender todas las facetas del problema.
Volver al modelo anterior probablemente empeorará la situación de los pequeños productores y, sobre todo, de los consumidores. Mientras tanto, el gobierno debería enfocarse en solucionar las obstáculos causantes del mal funcionamiento del mercado.
