El financiamiento de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa) a la marcha convocada por el presidente Rodrigo Chaves para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, constituye una grave transgresión al principio de neutralidad política establecido en la ley de 1968 que dio formalidad al movimiento cooperativo en Costa Rica.
Ese principio, lejos de ser un simple ideal, está claramente respaldado en el marco legal costarricense. Las cooperativas, según lo estipulado en el artículo 3, inciso e, de la Ley de Asociaciones Cooperativas, deben abstenerse de participar en actividades políticas. Este principio de neutralidad, que se sistematizó internacionalmente desde 1937, no es decorativo, sino una garantía establecida por los legisladores para preservar la independencia del sector y su compromiso con el bienestar común. El artículo 4 de la misma ley también es categórico: “Queda absolutamente prohibido a toda asociación cooperativa realizar cualquier actividad que no se concrete al fomento de los intereses económicos, sociales y culturales de sus asociados”.
A pesar de esa claridad legal, Fecoopa optó por involucrarse directamente en una actividad de corte político. El respaldo económico a la manifestación organizada desde la Casa Presidencial constituye un quebranto tanto a la obligación legal y ética de neutralidad política como al mandato del artículo 4.
La presencia en la tarima de la protesta de políticos como Laura Fernández, exministra de Chaves con aspiraciones para las elecciones nacionales del 2026, refuerza el carácter político-partidista de la manifestación chavista, que sirvió de vitrina al partido Pueblo Soberano.
Las cooperativas no deben prestarse a ser instrumentos del Poder Ejecutivo, especialmente si existe un conflicto de intereses. Es sabido que Rodrigo Chaves está siendo investigado por el fiscal general en relación con decenas de causas pendientes vinculadas con decisiones que tomó para financiar su campaña electoral y posteriormente como gobernante. A su vez, cuatro cooperativas y una asociación médica están mencionadas en el Caso Barrenador, en el cual la Fiscalía sospecha de un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la contratación otorgada por la Junta Directiva de la CCSS para administrar 138 Ebáis durante un período de 10 años.
Freddy González Rojas, gerente general de Fecoopa, declaró que la organización financió el transporte de manifestantes mediante el pago de 101 autobuses y 19 microbuses, además de gastos en alimentación, incluidos almuerzos y repostería. Solo por un autobús que salió desde Puerto Jiménez, la Federación desembolsó ¢847.500. Incluso asumió el costo del bus que trasladó a ministros y otros funcionarios del gobierno.
En estas acciones, resulta especialmente preocupante que un investigado como Chaves, al igual que el sector cooperativo afectado por el fiasco de la contratación de los Ebáis, busquen debilitar al jefe del Ministerio Público mediante presión política.
Esta marcha no puede entenderse sino como una estrategia para desacreditar a quien hoy representa una amenaza judicial directa para quienes la convocaron. Además, el financiamiento del evento político desvirtúa por completo el sentido original del cooperativismo, concebido para promover el desarrollo económico y sociedades pacíficas, no para actuar como brazo operativo de ningún gobierno. Cada vez que una organización cooperativa se presta a fines políticos, traiciona su esencia y a la ley que las define como instrumentos del desarrollo democrático.
Socavar la independencia del Poder Judicial para nada es democrático. El futuro del fiscal general lo deben decidir los 22 magistrados, no el presidente de la República ni un dirigente cooperativo.
Cabe preguntarse dónde están las voces del resto del movimiento cooperativo. Inquieta el silencio del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y de muchas otras cooperativas. Si estas conductas no son condenadas con firmeza, se corre el riesgo de que el movimiento cooperativo termine convertido en una plataforma política financiada con fondos destinados al desarrollo económico y social.
Tolerar estos hechos es peligrosísimo. Hoy es el fiscal general; mañana podrían ser jueces y magistrados. Incluso, ¿qué pasaría si al boyante movimiento cooperativo –cuyo despliegue económico reciente resulta evidente– se le ocurre financiar una protesta o revuelta contra un presidente de la República por contrariar sus intereses? Las cooperativas deben mantenerse al margen de estas luchas tan riesgosas para la institucionalidad y la democracia, y dedicarse a lo que la ley y la historia les encomendaron: ser motores de desarrollo, solidaridad y equidad.
Igual debe hacer la Fecoopa, creada en 1976 con la misión de ejecutar las políticas del sector agropecuario y de autogestión, así como de promover el desarrollo empresarial. En ningún caso se le constituyó para financiar movimientos con el propósito de separar de su cargo a quien investiga posibles delitos, como lo es el fiscal general de la República.
Es urgente que el país reaccione. Lo primero es que los propios cooperativistas exijan cuentas claras y cuestionen la desviación del movimiento respecto de los principios que lo rigen. Igualmente, la Asamblea Legislativa debe demandar explicaciones a las cooperativas y aclarar si hay fondos públicos de por medio. Y, sobre todo, los ciudadanos debemos comprender que la defensa de la institucionalidad comienza por impedir que el poder político se aproveche de los mecanismos sociales, como lo son las cooperativas, para debilitar el Estado de derecho.
