El sector cooperativo retomó un importante grado de cercanía e influencia sobre el gobierno en la administración de Rodrigo Chaves.
A mediados del 2024, la dirigencia le garantizó a Chaves apoyo para el referéndum sobre la ley jaguar y, ahora, financió una manifestación chavista que sirvió de vitrina para el partido político Pueblo Soberano. Al acto asistieron el mandatario, sus ministros y los exjerarcas que dejaron el gabinete para trabajar en la campaña.
El sector cooperativo, además, ha logrado nombramientos clave en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En tanto, quedó en el baúl la propuesta de campaña de revisar exoneraciones fiscales, entre las que destaca la exención del impuesto de renta de las cooperativas.
El jueves, trascendió que muchos de los gastos de la manifestación progobierno contra el fiscal general, Carlo Díaz, salieron de las cuentas de una organización llamada Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa).
Freddy González, dirigente cooperativista con raíces en el Partido Liberación Nacional (PLN), admitió que Fecopa pagó 102 buses, 19 microbuses y cientos de almuerzos, incluyendo el bus que transportó a los ministros hacia el evento desde Casa Presidencial.
En el pasado, Freddy González organizó manifestaciones en favor del expresidente liberacionista Óscar Arias.
Auspició un piquete para pedirle a Arias que se postulara para un tercer periodo. El evento se realizó frente a la casa del exmandatario en Rohrmoser, San José, en setiembre del 2016. En aquella ocasión, a los asistentes se les dio de comer gallos de chorizo y salchichón, así como palomitas y refrescos gaseosos.
El jueves de esta semana, en el programa Central de Noticias, en el canal GenteOpa, el dirigente dijo ser el organizador de la marcha chavista y aseguró que todos los pagos estaban en orden, por si alguien quería revisarlos.
Al día siguiente, cuando una periodista de La Nación le pidió informar de dónde obtuvo la Fecoopa los recursos, rehusó hacerlo.
Gonzalez fue presidente del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), principalmente en gobiernos de Liberación Nacional (PLN). Además, fue miembro activo del partido.
Regresó a la presidencia del Conacoop en agosto del 2023.
Diez meses después, el 5 de julio del 2024, el Conacoop aprobó una moción de apoyo a una ley jaguar que estaba llena de inconstitucionalidades, luego de que Freddy González sostuviera conversaciones con Chaves y la exministra de la Presidencia, Laura Fernández.
González negó cualquier relación entre ese apoyo y el hecho de que, al día siguiente, la Junta Directiva de la CCSS aprobara la adjudicación de contratos de contratos a cuatro cooperativas de salud para operar Ebáis durante 10 años. Esa es la adjudicación investigada en el Caso Barrenador por un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones, según la Fiscalía.
Antes de la adjudicación, el gobierno había nombrado en la Junta Directiva de la CCSS a Isabel Camareno, una de las investigadas en el Caso Barrenador, a quien Freddy González describió como su mano derecha y mano izquierda. El cooperativista admitió que él la propuso al Poder Ejecutivo para el puesto.
En enero de este año, González salió del Conacoop para terminar de cumplir una inhabilitación de cinco años que le impuso la Contraloría por aprobar una fórmula para calcular la tasa de los créditos del Infocoop con “graves errores matemáticos en su diseño”. Esta sanción quedó en firme después de una revisión de los magistrados de la Sala Primera. En el plano penal, la Fiscalía solicitó dictar sobreseimiento definitivo por ese mismo caso.
Ahora, apoya a las figuras chavistas para pedir la salida de magistrados y del fiscal.