La ampliación de la carretera Interamericana Norte es fundamental para el desarrollo nacional: es la ruta turística hacia Guanacaste y una vía clave para las exportaciones e importaciones con Centroamérica. Por eso, debe seguir operando con eficiencia durante la construcción del tramo de 50 kilómetros (km) entre Barranca y Limonal. Los usuarios no tienen por qué seguir soportando hasta enero de 2028 los interminables y costosos viajes que afrontan ahora.
No obstante, la periodista Patricia Recio reportó que, en fines de semana o días feriados, las filas pueden provocar que el tiempo se duplique. Es decir, el viaje puede convertirse en una interminable sucesión de esperas: apagar el motor del auto, esperar bajo el calor y avanzar apenas unos pocos metros antes de volver a detenerse. Toda una tortura para conductores y pasajeros.
Hernán Binagui, presidente de la Cámara de Turismo de Guanacaste, calculó que, actualmente, un viaje desde San José a esa provincia toma cuando menos cinco o seis horas, según el día. El ciudadano Joseph Viegas Viegas, quien reside en el Alto la Palma de Puriscal, denunció, en nuestra sección de Cartas a la columna, que el viernes 18 de setiembre tardó ocho desesperantes horas en cubrir los casi 220 km de distancia hasta Liberia: una jornada entera consumida en la carretera.
De ahí la urgencia de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) coordinen a las dos constructoras (MECO y el consorcio Estrella-Bel) bajo un solo plan de circulación. Las salidas de maquinaria y los traslados de materiales que obliguen a detener el paso deben programarse, en lo posible, fuera de las horas de mayor tránsito y evitar que varios frentes interrumpan la vía al mismo tiempo. También se hace prioritario reforzar la presencia de la Policía de Tránsito y tener equipos listos para retirar sin demora un vehículo varado o atender un accidente.
En un necesario ejercicio de empatía, los responsables deberían ponerse en el lugar del guanacasteco que debe acudir a una cita médica o hacer un trámite en San José. Ahora, esa persona debe salir de madrugada o pagar una noche de alojamiento en la capital para poder llegar a tiempo. Y deberían imaginar también al turista que emprende el viaje hacia el Pacífico norte: después de tantas horas de camino, terminará preguntándose si vale la pena repetir una experiencia semejante.
También está en juego el costo para quienes transportan mercancías. El MOPT afirma que por esta vía se moviliza más del 20% de las exportaciones nacionales. Esta ruta lleva a Peñas Blancas, por donde, según Comercio Exterior, pasa el 78% del comercio de Costa Rica con Centroamérica, más de 200.000 unidades de transporte y más de un millón de personas por año.
Aunque el MOPT dice que mantiene abiertos un carril de ida y otro de regreso durante la construcción, de poco sirve esto si una vagoneta o un tractor se atraviesan de pronto en la vía o si queda varado un vehículo pesado u ocurre una colisión.
La advertencia existía desde diciembre, un mes antes de reiniciar la construcción de esta obra de $275 millones. La Auditoría Interna del Conavi advirtió de un riesgo de “criticidad extrema” para la circulación por el poco espacio en algunos sectores, los desniveles y el traslado de maquinaria y materiales por la propia carretera.
A partir de esa alerta, el Consejo de Administración planteó pedir explicaciones al gerente del proyecto y acordó exigir a la Dirección Ejecutiva una propuesta para reducir los riesgos en el plazo de un mes. Han pasado más de ocho meses... ¿y qué medidas adoptó?
Lo urgente es que la coordinación entre empresas constructoras, y de estas con Tránsito, se traduzca en una circulación más fluida. El MOPT y el Conavi deben informar semanalmente cuánto está tardando el recorrido por sentido según la hora, cuántas veces se interrumpe el paso, cuánto dura cada interrupción y cuán largas son las filas. Tales datos deben publicarse junto con las obras previstas.
Es innegable: la situación llegó a un punto crítico después de años de demoras. La obra comenzó en 2020 y debía concluir en 2023, pero se paralizó en noviembre del 2022. La nueva contratación elevó el costo en $112 millones frente al contrato original, a lo que se suman las horas perdidas en presas, el combustible consumido de más y las emisiones de los viajes prolongados.
Costa Rica necesita obra pública. De eso no hay duda, pero también urge que MOPT, Conavi y gobierno se aseguren de que la vía estará terminada a tiempo, en enero de 2028, y que, mientras se construye, esos 50 km no se conviertan en una prueba de resistencia sin final a la vista.
La obra debe mejorar la conexión con Guanacaste, no convertir el viaje hacia esa provincia en un obstáculo para sus habitantes, los productores y los turistas.
