El Banco Popular está sin Junta Directiva desde el 31 de julio pasado. Un decreto publicado el 9 de noviembre permite que el Consejo de Gobierno designe a los siete directores que la componen, tres que ya le corresponden y, de forma temporal, los cuatro que la ley reserva a la Asamblea de Trabajadores. El gobierno justifica esta medida en el hecho de que, sin ese órgano, no se puede aprobar el presupuesto de 2027, no se puede contratar la auditoría externa y las funciones indelegables quedan sin dueño.
La urgencia es real y atendible; sin embargo, no necesariamente lo es el remedio empleado. La Asamblea de Trabajadores del periodo 2026-2030 está en proceso de integración y la solución natural era acelerarlo, no sustituirlo. El decreto, además, no fija fecha de término, por lo que rige mientras concluya ese proceso, que es tanto como decir que no tiene plazo cierto.
Es una historia que ya conocemos, porque en el año 2022, el entonces presidente Chaves decretó el control total por ocho meses, y ese control se prolongó durante toda su administración. En ese lapso, la Sugef calificó al banco en irregularidad financiera por debilidades de gobierno corporativo, entre ellas la idoneidad de sus directivos, y llegó a recomendar la destitución del presidente de la Junta.
El banco salió de esa condición en setiembre, aun con reparos sobre la composición de la Directiva. La Sugef le ordenó, de hecho, presentar un plan de acción que debe aprobar la Junta Directiva Nacional, órgano que, por ahora, no está conformado.
La pregunta de fondo es por qué, en un país con urgencias en seguridad, salud, infraestructura y finanzas públicas, el Ejecutivo invierte su capital político en el órgano colegiado de una entidad de los trabajadores. El decreto no lo explica y atribuir intenciones sería especular. Sin embargo, podemos señalar lo que se obtiene.
El Popular es la cuarta entidad financiera del país y una de las cuatro que la Sugef cataloga como sistémicas; cerró setiembre con activos por ¢4,42 billones. Sus directores integran, además, las juntas de sus subsidiarias, incluyendo la operadora de pensiones. Quien nombra esa Junta influye sobre una de las mayores concentraciones de ahorro del país.
Y ese ahorro no es del gobierno. El Popular no es, en rigor, un banco del Estado. La Procuraduría lo ha calificado como entidad pública no estatal, y su ley orgánica dispone que ni el Poder Ejecutivo ni ningún otro organismo puede imponerle decisiones sobre la custodia, administración o inversión del ahorro de los trabajadores. El diseño legal procura el equilibrio entre cuatro directores de la Asamblea y tres del Ejecutivo, con ratificación gubernamental. Ese esquema ya le daba al Ejecutivo poder de veto, pero el decreto lo vuelve dueño de los siete puestos.
Se puede argumentar que el problema no es tanto quién nombra a los directores como con qué criterios se designan. Las juntas de los bancos públicos han tenido tanto gente capaz como designaciones políticas sin conocimiento bancario.
El decreto exige experiencia en entidades financieras supervisadas, paridad de género y trayectoria en entidades de importancia sistémica, lo cual es deseable. Pero un requisito de currículo no sustituye la evaluación de idoneidad ni el contrapeso de una Asamblea que representa a los dueños del ahorro.
Hay tres preguntas que merecen una respuesta que no se desprende del decreto: por qué ahora, por qué no acelerar la integración de la Asamblea y, en caso de que esto último no sea posible, por qué no se fijó un plazo. El silencio sobre estos temas alimenta la sospecha válida de que el control, más que un trámite, es un fin en sí mismo.
Paraguay acaba de demostrar el precio que puede tener confundir política y banca. El colapso de Ueno Bank dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y terminó con la destitución del presidente Santiago Peña. El presidente del Banco Central, además, había sido directivo de ese mismo banco.
Costa Rica no está en esa situación y nada indica que vaya a estarlo, pero un decreto que concentra los nombramientos y no fija plazo para ellos debilita justamente las defensas creadas para que ese vínculo político no se produzca.
Nadie discute que un banco sin junta directiva no puede funcionar. Lo que sí es cuestionable es que la solución sea mantener una situación que ya costó una calificación de irregularidad del regulador.
Si la urgencia es genuina, el Ejecutivo debería fijar un plazo para estos nombramientos, justificar públicamente cada designación y explicar los criterios de selección. Además, los postulantes deberían someterse a una evaluación de idoneidad. De otra forma, nada impedirá que otra Junta provisional se vuelva permanente. En Costa Rica, nada dura tanto como lo provisional.