Por primera vez desde su establecimiento, en marzo de 2022, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas ha emitido un informe en el que, además de detallar las atrocidades que se cometen en el país, identifica los nombres, cargos y modalidades operativas de quienes tiene “motivos razonables” para considerar como sus principales responsables.
Se trata de un paso esencial, consecuencia de la falta de acciones correctivas por parte de la dictadura, para que las justificadas, documentadas y reiteradas denuncias conduzcan lo antes posible a que la justicia internacional juzgue y sancione a quienes sean declarados culpables.
El informe, dado a conocer el pasado jueves, está sustentado en rigurosas investigaciones y abundantes pruebas. Según los expertos, ofrecen bases suficientes para señalar tanto la posible responsabilidad de 54 operadores del régimen, como “para justificar el inicio de investigaciones” que permitan establecer sus responsabilidades específicas en un proceso penal con el rigor del caso.
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Como en Nicaragua tal posibilidad no existe, los expertos recomiendan “hacer que el Estado de Nicaragua rinda cuentas” ante la Corte Penal Internacional de Justicia “por violaciones de obligaciones internacionales”, y ampliar las acciones legales y las sanciones contra las personas, instituciones y entidades” identificadas en el informe. Esto último podría lograrse con denuncias ante la Corte Penal Internacional, o mediante la llamada “jurisdicción universal”, reconocida por algunos países y que permite procesar en sus tribunales a presuntos responsables externos de violaciones a los derechos humanos.
Las personas señaladas incluyen a seis generales y cinco coroneles del Ejército, así como a diez comisionados de la Policía Nacional, además de funcionarios locales y del partido oficial. Son ellas las principales piezas de un aparato represivo controlado de manera directa por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, responsable de abusos múltiples, arbitrariedades recurrentes, horrendas violaciones y crímenes de lesa humanidad.
Sus acciones –una verdadera antología del terror fríamente aplicado– han consistido en asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, encarcelaciones y detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas, deportaciones, persecución y negación de derechos fundamentales. En palabras de Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, estas revelaciones exponen “la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo”.
Es ese pueblo el que siente cada día en carne propia, particularmente desde la represión de abril de 2018, la tiranía más oscurantista, inhumana y vergonzosa del hemisferio. Y lejos de atemperarse en su agresión, no cesa de arreciar en ella.
Es precisamente por esto que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encomendó a expertos independientes de reconocida trayectoria analizar de manera permanente su situación en Nicaragua. Al día siguiente de haber emitido este informe, les renovó su mandato por dos años y adoptó una resolución presentada por Canadá y ocho países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica, que denuncia el creciente deterioro político, social y humano que padece Nicaragua.
Que la dictadura de Ortega y Murillo se mantenga en el poder a pesar de tantas atrocidades, del deterioro en la precaria calidad de vida de la población y del rechazo interno y externo, solo se explica por dos razones. La primera es, precisamente, la represión denunciada reiteradamente, que ahoga cualquier forma de protesta; la segunda, que las acciones externas en su contra no han sido suficientemente contundentes.
Es por esto último que tienen particular importancia las recomendaciones del informe. Además de utilizar los mecanismos de la justicia internacional, de brindar apoyo eficaz –incluida asistencia financiera y técnica– a la sociedad civil y de proteger a los nicaragüenses expulsados y privados de nacionalidad, propone presiones económicas contra el régimen.
Las principales son que el Fondo Monetario Internacional tome en cuenta sus revelaciones al decidir sobre créditos y ayuda a Nicaragua, y que se “condicione de manera efectiva” a parámetros de derechos humanos su acceso preferencial a mercados. Menciona, particularmente, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Istmo.
Tal como recomiendan los expertos, es hora de pasar a acciones más robustas, que generen suficiente presión contra los dictadores y su camarilla. Este informe debería servir como una crucial hoja de ruta para emprenderlas.
