Las advertencias de los organismos internacionales sobre la crisis fiscal y sus consecuencias crecen en dramatismo y urgencia. Álvaro Santos Pereira, exministro de Economía de Portugal y economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), observa, por lo general, el tono pausado empleado por los funcionarios internacionales, pero, en el caso de Costa Rica, se siente obligado a hablar con claridad.
Así lo hizo y debemos agradecerle el empeño. Ante quienes hayan querido escucharlo, el economista calificó los predecibles efectos de la crisis como “terribles” y señaló a los jóvenes entre los más perjudicados. Por eso pidió recordarles lo sucedido en los años ochenta, cuando el país se hundió en una crisis de la cual nunca salieron por completo los miembros de la llamada “generación perdida”, es decir, los jóvenes obligados a abandonar sus estudios y construir sus vidas al alero de sus padres.
La producción se encarecerá por el aumento en las tasas de interés, dijo Pereira, quien advirtió de la posibilidad de tasas entre dos y tres puntos porcentuales por encima del déficit fiscal, con grave daño para la competitividad de las empresas costarricenses en el mercado internacional. Costa Rica ya paga un 2 % más que México y un 3 % más que Chile por su deuda soberana.
El economista fue testigo de una situación similar en su país, donde el Estado se vio en la necesidad de recortar salarios “a pesar de lo que dijera la Constitución”. Portugal, sin embargo, recibió asistencia de la Unión Europea, a lo cual no puede aspirar Costa Rica. La reforma fiscal, afirmó, es impostergable.
Alberto Barreix, experto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en materia fiscal, se sumó a los llamados de Pereira. El endeudamiento interno del Estado, señaló, es una grave amenaza para la seguridad social, la mayor tenedora de bonos. Por las mismas razones, la quiebra del Gobierno implicará la de sus bancos.
Hace cuatro años, Barreix había advertido de que, en ausencia de las reformas necesarias para recobrar la estabilidad macroeconómica, así como de los cambios estructurales requeridos para mejorar la eficiencia y la competitividad, la realidad haría el ajuste por nosotros, con graves consecuencias para los costarricenses más pobres. “O lo hará Costa Rica inteligentemente o lo harán los mercados o lo terminarán haciendo las multilaterales con un plan de salvataje”.
El tiempo pasó y el país mantuvo lo brazos cruzados. Ahora, dice Pereira, el ajuste no podrá ser del 3 % del producto interno bruto. Esa cifra habría bastado hace unos años, pero con el paso del tiempo la rectificación será mayor. Por eso la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es insuficiente, como lo admite el propio gobierno, y será necesario profundizar en las reformas ofrecidas por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, durante las primeras semanas de gobierno.
Costa Rica no puede postergar la reforma y racionalización del empleo público, la eliminación de exoneraciones, la revisión del aparato estatal en procura de eficiencia y otras medidas necesarias para controlar el gasto. También debe mantener el énfasis en mejorar la recaudación.
Pero un tercer experto internacional, Alexandre Meira da Rosa, vicepresidente de países del BID, pone el dedo en la llaga al señalar la lentitud de los procesos necesarios para producir reformas en nuestro país. Un Congreso con el interés nacional en mente haría el esfuerzo para impulsar la reforma más allá de la primera medida, que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y también reformaría el Reglamento legislativo para desterrar la parálisis.
