EscucharLa denuncia de una supuesta estafa cometida con recursos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) causó la caída del director del organismo, una nueva ola de protestas en la Asamblea Legislativa y la pronta respuesta del ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias.
El Ministro defendió la existencia de la DIS, pero encargó a los nuevos administradores efectuar una reestructuración total. Para ejecutarla, afirmó, el Gobierno pedirá sugerencias a países amigos, como Colombia y Chile. La respuesta de Colombia llegó esta semana, de manera inesperada. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), equivalente colombiano de la DIS, es el centro de un escándalo político de cuyas repercusiones intenta distanciarse el presidente Álvaro Uribe. La DAS, reveló la revista Semana , espiaba a políticos, periodistas y magistrados sin importar que fueran opositores o aliados del Gobierno.
El escándalo contiene todos los componentes habituales de su especie: intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos ilegítimos y venta de información a grupos de particulares situados al margen de la ley. Si Costa Rica lo quiere escuchar, el consejo de diversos sectores políticos colombianos es disolver la DAS que, como ocurre con la DIS, depende de la Presidencia de la República.
En 1995, la DIS quedó en entredicho cuando el caso de la empresa Astur avivó el tema de las intervenciones telefónicas ilegales. La vigilancia ejercida por la agencia sobre ciudadanos costarricenses es, mucho más que un rumor, un hecho confesado por el propio Ministerio de Seguridad cuando intentó acreditar la penetración de la guerrilla colombiana en nuestro país. Las fotos y documentos presentados a la Asamblea Legislativa contenían imágenes y datos de nacionales contra quienes no se ha formulado cargo alguno.
La semana pasada supimos que un periodista brasileño con treinta años de residencia en Costa Rica fracasó en su intento de naturalizarse porque la DIS comunicó al Registro Civil la existencia de un expediente o “anotación” cuyo contenido no se pudo conocer porque es “secreto de Estado”. Ante semejante arbitrariedad e indefensión, el Tribunal Supremo de Elecciones intervino para conceder la ciudadanía al solicitante, cuyos antecedentes no justificaban la denegatoria.
Pocas semanas antes, la DIS estuvo en el epicentro del escándalo suscitado por la estafa que motivó la caída de sus jerarcas y las declaraciones del ministro de la Presidencia sobre la necesidad de consultar, entre otros, a Colombia.
Sin ambages, el fiscal general, Francisco Dall´Anese, afirma que la DIS es una verdadera Policía política, peligrosa para las garantías y libertades ciudadanas. Mario Soto, exdirector del organismo, coincidió en el calificativo, aunque sostuvo que todo cambió en 1991, cuando concluyó la Guerra Fría.
El dicho de don Mario confirma, como lo señalamos en un editorial anterior, el carácter de Policía política que tuvo la DIS hasta 1991, en pleno esplendor de nuestro régimen democrático, pero no tiene el mismo valor probatorio a la hora de acreditar que desde entonces las cosas cambiaron. ¿Cómo darlo por probado a la luz de tantos incidentes y promesas de reforma, equivalentes a una admisión de lo mal que andan las cosas?
La DIS está integrada por agentes sin dedicación exclusiva, que ofrecen servicios de seguridad a particulares para redondearse el salario. Actúa en el ámbito nacional, con poco o ningún alcance en el exterior, sin legitimación para ejecutar allanamientos o intervenir teléfonos y sin capacidad de hacer arrestos.
Con esas características es difícil imaginarla eficaz en el combate del delito (o en la recolección de verdadera “inteligencia”), aunque aquí, como en Colombia, defiende su existencia argumentando la necesidad de enfrentar el terrorismo y el narcotráfico. Esos fines son inobjetables, pero es necesario alcanzarlos en el marco de las instituciones democráticas porque, como bien dijo el presidente Barack Obama, el respeto a nuestros principios no nos hace más débiles, sino más fuertes y capaces de encarar las amenazas. La DIS opera en secreto, bajo el mando de la Presidencia de la República, sin ninguna supervisión externa. Es, en suma, la receta ideal para el abuso de las libertades públicas. A ningún gobernante debemos confiarle tanto porque la desconfianza del poder y su sometimiento a límites están en la esencia de la democracia.
La Asamblea Legislativa tiene ahora la oportunidad de someter el tema a discusión y contrastar sus conclusiones con el ideal democrático y el parámetro de la Constitución. Si lo hiciera, no le quedaría más remedio que ejercer el más auténtico control político, porque esa es la naturaleza de la DIS, política, no policial.
