EscucharLa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) planteó la reducción del tope de la cesantía a 12 años a partir del 2015. Los empleados de la institución gozan de un límite de 20 años desde el 2008, cuando la dispendiosa administración del expresidente ejecutivo Eduardo Doryan les concedió el beneficio, al cual no están dispuestos a renunciar.
Los sindicatos de la Caja no tardaron en argumentar la “injusticia” de poner a los trabajadores a pagar la crisis. Viven en un mundo diferente, donde es perfectamente justo que la inmensa mayoría de costarricenses paguen sus privilegios. ¿Por qué deben gozar, a costas del resto, de un tope de cesantía de 20 años cuando los demás están limitados a ocho? La pregunta ni siquiera se la plantean.
El conjunto de la sociedad, mediante cuotas e impuestos, paga los privilegios otorgados a los empleados de la CCSS. Si la institución no logra superar su crisis financiera, causada en gran medida por malas políticas de personal –incluyendo excesos en las contrataciones y beneficios– el resto de los trabajadores también pagará por la vía del empobrecimiento de los servicios.
Unos se rascarán el bolsillo hasta encontrar lo necesario para acudir a la medicina privada. Otros, incapaces de lograrlo, deberán conformarse con la atención debilitada por la escasez de recursos. Esa sería una verdadera injusticia, cargada sobre los hombros de quienes no tienen culpa ni reciben beneficios irresponsablemente dispensados por los principales culpables.
La raíz del problema está en la superficie, donde cualquiera puede contemplarla. El alarmante estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la encontró en los aumentos de planilla, modalidades de pago, alzas salariales y otros beneficios concedidos sin sustento financiero.
En ocasiones, los privilegios se concedieron bajo amenazas de interrumpir la prestación de servicios, expresadas por los mismos sindicalistas que hoy rechazan tener responsabilidad alguna en el advenimiento de la crisis. Basta recordar que una de las últimas huelgas decretadas en la CCSS se hizo para defender ventajas en materia de incapacidades, no obstante el profundo déficit financiero de la institución. Tan irracional era el reclamo y tan malas las circunstancias que el movimiento fracasó, pero dejó lecciones sobre la naturaleza de la dirigencia sindical y su actitud frente a la crisis institucional.
Al dictamen de la OPS se suma el criterio mayoritario de la Junta de Notables nombrada por la presidenta Laura Chinchilla. Las recomendaciones de la junta no se restringen a señalar las políticas laborales ruinosas, pero les dedican amplia consideración. Por si faltara fundamento, la iniciativa de los directores sobre el tope de cesantía parte de un dictamen de la Contraloría General de la República que cuestiona la legalidad de los parámetros vigentes.
Aprobada la reforma propuesta por la Junta Directiva, los trabajadores de la CCSS no dejarán de ser privilegiados. El planteamiento dispone una reducción paulatina. En el 2012, el cálculo respetaría un tope de 17 años. El límite bajaría a 16 años en el 2013, a 14 el año siguiente y, en el 2015, se estabilizaría en 12 años, un cincuenta por ciento más que el beneficio otorgado al común de los mortales.
Lo mismo sucedió con las incapacidades, pues el privilegio de recibir un subsidio equivalente a la totalidad del salario nunca estuvo en discusión. La reforma se contrajo, exclusivamente, a eliminar la ilegal práctica de utilizar los ingresos por subsidio de incapacidad para calcular los beneficios derivados del salario, como el aguinaldo y la cesantía.
Tantos son los privilegios y tan enraizados están, que la sociedad apenas puede aspirar a poner coto a los más exagerados y ofensivos para la legalidad y la justicia.
