EscucharLa violencia, endémica en el estado de Guerrero, en México, ha dado un salto cuántico en la ciudad de Iguala. El recuento del secuestro y asesinato de 43 estudiantes de un colegio normalista en la ciudad de Ayotzinapa, en setiembre pasado, ha viajado por todo el mundo.
Sin excepción, el torrente informativo subraya la colusión de vieja data entre autoridades estatales para disimular los extremos de un capítulo inédito en la historia de la crueldad. Los hechos son claros. Un grupo de animados jóvenes regresaban a su casa de estudios en un autobús que pasaba por Iguala. Algunos policías asumieron que se trataba de participantes en una protesta más por la masacre de estudiantes en las manifestaciones de Tlatelolco, en 1968.
En el estado de Guerrero hay centros turísticos de alto perfil, como Acapulco, y pujantes industrias extractivas de oro y otros metales, que se suman a otras ventajas para turistas e inversionistas. Con la presunta bendición de autoridades civiles, algunos oficiales de la Policía local concluyeron que, como en otros casos sonados, era mejor sacar de circulación a los supuestos revoltosos.
Guerrero es, también, fuente predominante de heroína en México. El grupo de estudiantes fue entregado a Guerreros Unidos, un consorcio criminal ligado con el narcotráfico, cuyos sicarios ejecutaron la matanza con golpes y balas. Los cadáveres fueron luego carbonizados y acabaron en un vertedero, cerca de un río.
Investigaciones posteriores trajeron a la luz nuevos testimonios de la matanza en Iguala. El bus era parte de una caravana con otros dos autobuses, todos los cuales fueron atacados con disparos de fusil por oficiales de la Policía Municipal. Los sobrevivientes del vehículo que llevaba a los 43 normalistas fueron entregados a las pandillas del narcotráfico, que finiquitaron la masacre.
Según testigos, algo parecido sucedió con las 22 víctimas cuyos cadáveres fueron encontrados semanas antes en Tlatlaya, en el estado de México. Hubo atrasos en la investigación provocados por la Policía misma y, posteriormente, los responsables, todos militares, fueron encarcelados.
Las consecuencias de esta concatenación de hechos, que han oscurecido el perfil de México en la esfera internacional, se han visto agravadas por la actuación del Gobierno presidido por Enrique Peña Nieto. Una serie de artículos de prensa, entre ellos los de Raymundo Riva Palacio en el diario El Financiero, han puesto bajo la lupa la falta de sentido político en las primeras filas de la Administración encabezada por Peña Nieto.
El mandatario actuó como si los graves hallazgos no le concernieran, prefiriendo dejarlos en manos de muchos de los mismos que habían generado el escándalo. No fue hasta que las manifestaciones se extendieron por todo el país que el presidente cambió el rumbo. Asimismo, pareciera que prevaleció una desconexión fatal entre los altos mandos y los niveles inferiores de la Administración.
Lamentablemente, otra fuente reciente de escándalos emergió y tonificó la mala atmósfera en torno al presidente. El foco de la polémica es la lujosa vivienda, propiedad de la primera dama, Angélica Rivera, otrora estrella de las telenovelas vespertinas. Medios de prensa cuestionan la procedencia de los fondos utilizados para adquirir la casa, valorada en $7 millones.
No sorprendió, entonces, cuando de Pekín llegaron nuevas del poco entusiasmo de muchos colegas para salir fotografiados con Peña Nieto. De hecho, quien lo recibió en la cumbre no fue el presidente chino, sino otro oficial de menor nivel.
Entre tanto, las protestas en México no amainan. Ahora, más bien, se han multiplicado. Oficinas gubernamentales, teatros, despachos de altas figuras y hasta bibliotecas públicas han sido escenario de incendios. Al retornar de Pekín, Peña Nieto encara un cuadro complicado de protestas a diestra y siniestra. Esperamos que, finalmente, encuentre el remedio político que restaure la tranquilidad al hermano pueblo mexicano y la fidelidad cívica esencial para su mandato.
