Respuesta a la corrupción policial

Nexos con delincuentes, corrupción, incumplimiento de deberes y otros posibles delitos figuran entre los asuntos investigados. La gravedad de esos casos no puede ser exagerada cuando se considera la función de los acusados. No es lo mismo un cargo de corrupción contra otro tipo de empleado estatal que uno formulado contra la Policía, depositaria de la autoridad requerida para prevenir o reprimir el delito y velar por la seguridad de los ciudadanos. Pocos, como el policía, reúnen tantas razones para ser considerados, en sentido amplio, funcionarios de confianza.

La prolongada permanencia de los expedientes en manos de los investigadores es, en sí misma, un peligro. Por lo general, los funcionarios cuestionados conservan el cargo y el traslado a funciones menos delicadas, cuando ocurre, va en detrimento de la seguridad ciudadana. En quince meses, informó este diario en setiembre del 2011, el Ministerio suspendió a 1.100 policías con goce de salario, única medida disponible para alejarlos completamente de sus delicadas funciones. La mayoría retorna al cargo, muchos merced a las debilidades y engorros del proceso de investigación. Esa solución, por razones obvias, tampoco satisface. La resolución de las quejas debe ser expedita y precisa, en resguardo del público y de la seguridad nacional.

Confrontado con el problema, el Ministerio de Seguridad Pública inauguró una nueva oficina de asuntos internos, cuya finalidad es aplicar tecnología a la tramitación de los casos para mejorar el control y acelerar la resolución. En la actualidad, los expedientes forman montañas de papel y su custodia no reúne las condiciones de seguridad necesarias.

Para ejecutar el proyecto, el ministro Mario Zamora cuenta con un aporte de $125.000 proveniente del Gobierno de los Estados Unidos. La nueva oficina reunirá, bajo supervisión directa del ministro, los esfuerzos de la Inspección General de la Fuerza Pública y del Departamento Disciplinario Legal. Expertos estadounidenses y panameños capacitarán al personal y brindarán asesoramiento.

El viceministro Agustín Barquero se mostró esperanzado en conseguir una disminución de las causas disciplinarias cuando el sistema incremente la celeridad y certeza de las sanciones. El manejo manual de los expedientes prolonga los procesos, diluye la prueba y, en algunos casos, impide el castigo por el transcurso del plazo de prescripción.

La iniciativa es importante y merece reconocimiento, pero es, también, insuficiente. En el caso de la Policía, el país debe preguntarse por la conveniencia de flexibilizar los trámites de despido. Se trata de funcionarios que acuden a los ciudadanos en momentos de gran vulnerabilidad. Ingresan a los hogares, muchas veces invitados por el necesitado de protección, y deben mostrar extraordinaria entereza frente a las tentaciones planteadas por delincuentes con recursos económicos.

Las normas aplicables al empleo público impiden el despido arbitrario, en particular la represalia política. Ampliar las facultades de los jerarcas entraña ese peligro, pero más riesgo se corre con el abuso de la autoridad policial, por lo general invencible en el momento del contacto con el público.

En la práctica, el ejercicio de ese poder solo está sujeto a controles posteriores de cuya eficacia depende la buena prestación de un servicio fundamental y la confianza de la ciudadanía en los encargados de prestarlo.