La destitución de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su reemplazo por funcionarios cercanos a partidos allegados al presidente, Lucio Gutiérrez, confirma la perenne crisis política e institucional en que vive Ecuador desde que, en 1979, los civiles retomaron el gobierno.
Han sido constantes el enfrentamiento entre los poderes -"juicios" en el Congreso a gobernantes, choques entre ese y la Corte, y descalificaciones de unos contra otros-, la destitución de dos mandatarios (Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad) y hasta la constitución de alianzas variopintas y poco estables para respaldar o enfrentar a tal o cual dirigente político.
El resultado es una inestabilidad que conspira tanto contra la consolidación misma del Estado nacional como contra toda posibilidad de ofrecer a la población una oportunidad de mejoramiento socioeconómico para indígenas, obreros y otros sectores que, en muchos casos, apuestan a la migración como una salida desesperada para hallar una vida más digna.
La maniobra de Lucio Gutiérrez y los diputados afectos no va a aportar, desgraciadamente, nada positivo, y cualquier observador miope percibe que detrás de todo está la lucha por el poder, que tiene como protagonistas al coronel retirado y al expresidente León Febres Cordero.
Y lo que ocurrió ahora fue que el primero arrebató un bastión político, la Corte, a Febres. Tampoco hay que olvidar que el mandatario enfrentaba la amenaza de una destitución por presunta malversación de fondos públicos, pero ahora pareciera haber logrado una tregua, al menos por parte del movimiento indigenista.
Con un discurso populista, Gutiérrez se presenta como víctima de la "oligarquía", al tiempo que promete una reforma política, saneamiento financiero y planes de privatización de electricidad, petróleo y telecomunicaciones.
Mas la única certeza es la crisis, que muy posiblemente tendrá otra expresión en cualquier momento.
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