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Un mérito del Editorial de La Nación del 5 de setiembre -y de los que luego lo completan- es colocar sobre la mesa temas relevantes que urge discutir en nuestro país pensando en programas del futuro gobierno. Muchos de esos temas admiten posiciones distintas de las asumidas por el periódico y todas tienen diversas consecuencias en la definición de políticas públicas y de una estrategia de desarrollo nacional.
El primer asunto debatible es el de la relación entre políticas económicas y sociales. En algunas formas de concebirla se generan serios problemas para el bienestar de la población. No basta decir que ambas son complementarias y no contradictorias; hay que ver en qué sentido se complementan. Pero, más importante, hay que preguntarse si, además, se implican mutuamente. Es decir, si las medidas o políticas económicas tienen efectos sociales, y si estas, a su vez, tienen efectos económicos. Algunos pensarán que se trata de una pregunta retórica, sobre algo evidente. Pero, si observamos las prácticas del actual y de la mayoría de los gobiernos previos, no parece que para ellos esto haya sido claro del todo. Que una política o una medida social tenga efectos económicos, sobre todo financieros, sí les parece obvio. Por eso, cuando hablan de definir una política de salud, o de educación, por ejemplo, siempre advierten de poner atención a costos y a la administración de recursos. Es normal.
Lo que no se ve tan claro -por no decir del todo- es que los gobernantes y muchos grupos de presión consideren siempre en sus planteamientos los efectos sociales de las políticas económicas. Si lo estuvieran haciendo, cada vez que plantean una política o una medida específica en materia económica, quienes la impulsan deberían entender muy bien cuáles son los efectos sociales de ellas. Esto quiere decir que tendrían que valorar no solo el impacto en empleo y salarios, en creación o pérdida de puestos de trabajo, y de qué calificación. Más allá de eso, lo esencial es que puedan prever todos los efectos de esas medidas económicas sobre la distribución de ingreso, riqueza y oportunidades, sobre la creación de capacidades y libertades para todos. No hay razón analítica seria para actuar como si las medidas económicas en sí no pudieran tener repercusión negativa en lo social, y dar por sentado que siempre causarán resultados positivos.
Discusión del TLC. Hace ya bastante tiempo que organismos financieros internacionales han caído en la cuenta de que una estrategia económica sensata debe siempre considerar al menos cuatro tipos de efectos en sus medidas: el equilibrio macroeconómico, el estímulo a la productividad y a la competitividad, los impactos distributivos y los ambientales. Un ejemplo actual de lo deficitario de planteamiento oficiales en este punto nos lo proporciona la discusión acerca del CAFTA. Sobre todo al inicio de la discusión y negociación, los argumentos que abundaban a favor se referían a los beneficios potenciales en cuanto a posicionamiento competitivo, estímu- lo de la producción y posible creación de empleo. ¿Agotaban estos aspectos lo esencial del problema en debate? Para nada. El significado distributivo de los contenidos del Tratado no era explicitado -si es que era conocido- y la vaga referencia a que "siempre hay ganadores y perdedores" a lo más que puede conducir es a un cierto conformismo, éticamente dudoso, acompañado por la promoción de "políticas sociales compensatorias". No es este el camino para enfrentar los retos de un país que ha visto aumentar la brecha social y económica en los últimos años bajo el actual esquema de crecimiento.
Lo que faltó en la discusión sobre el CAFTA parece repetirse ahora al hablar de las llamadas "agendas complementarias". Como bien dicen los Notables en su Informe, hay que distinguir entre la Agenda de Implementación -ya implicada en el Tratado mismo- y la Agenda Complementaria. Pero, si dentro de esta última se entienden tan solo las medidas para incrementar la competitividad de nuestras empresas y para resguardar y mejorar indicadores sociales, el planteamiento es bueno, pero aún insuficiente. ¿Cuáles son los "mecanismos", internos y externos, que en el estilo actual de crecimiento generan la brecha socioeconómica que está fragmentando a Costa Rica? Identificar esos factores y rectificar su dinámica es tarea de una Agenda de Desarrollo, propiamente dicha, a la que deberían subordinarse las demás políticas -tratados y complementos incluidos-. De no hacerlo, los esfuerzos de los gobiernos, por mejorar nuestra economía, seguirían equivaliendo a "recoger agua en canastos", al menos para amplios sectores de la población.
