EscucharSe dispararon, otra vez, los denominados "disparadores" del gasto público. En el proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el próximo ejercicio fiscal, los gastos por salarios, intereses y pensiones absorberán el 80 por ciento del total asignado en el 2006.
Infraestructura. A menos que algo extraordinario suceda (que, esperamos, no sea otro recorte antojadizo de la partida de intereses), quedarán muy pocos recursos disponibles para satisfacer otras necesidades apremiantes del Estado. Y, dentro de este exiguo remanente, es igualmente preocupante notar que solo se destinará el 4 por ciento de las erogaciones a obras de infraestructura, maquinaria y equipo (gastos de capital), por lo que el país seguirá arrastrando un déficit acumulado en esos rubros y continuarán sacrificándose la productividad, el crecimiento y el desarrollo del país. Hace apenas dos años, en el 2003, los disparadores del gasto absorbían el 73 por ciento de las asignaciones presupuestarias y los montos asignados a infraestructura duplicaban los contemplados en el nuevo proyecto de presupuesto. ¿Por qué han crecido tanto las primeras y decrecido las segundas?
Sueldos y salarios. La partida de sueldos y salarios, que absorbe el 37 por ciento de las erogaciones (excluida la amortización), crece por dos razones que no se han podido controlar. La primera es el aumento de nuevos empleados (5.064) en educación y seguridad, aprobados sin reducir concomitantemente los puestos redundantes en otras dependencias. La segunda es la estructura misma de sus respectivas remuneraciones, compuesta por salarios base que se expanden ampliamente por los incentivos adicionales, y que incluyen antigüedad, restricción al ejercicio liberal de la profesión, aguinaldo y salario escolar, entre otros. Este segundo rubro duplica el salario base y representa, al igual que este, un 42 por ciento de la partida general de salarios. Por encima vienen, claro está, las respectivas cargas sociales. El problema potencial es que el Ministerio de Hacienda, en un alarde de austeridad que podría resultar insostenible, concibió un ajuste por inflación de solamente 3,5 por ciento a la base para el 2006. Sabemos que ese ajuste se traduciría en un aumento mayor al afectar los incentivos salariales. Pero hay el temor de que la presión electoral hará que en enero se termine aceptando un ajuste mayor.
Amortización e intereses. Las partidas de amortización e intereses ameritan una cuidadosa reflexión. Juntas, representan el 50 por ciento de la autorización total. Solo en intereses deberán sufragarse ¢381.000 millones, lo que significa un 26,5 por ciento del total de gastos (excluyendo amortización). Al contrario de lo que está sucediendo en el mercado financiero, donde el Gobierno y Banco Central presionan riesgosamente las tasas de interés hacia abajo (la tasa básica pasiva bajó una vez más la semana pasada) en un período en que no se ha podido controlar la inflación, el propio Ministerio de Hacienda estima que el costo de la captación continuará subiendo, para ubicarse en 16,5 al final del 2006. Habrá, también, presión proveniente del mercado financiero internacional, sobre todo en los EE. UU., según advirtió recientemente Rodrigo Rato, Director-gerente del Fondo Monetario Internacional. Todo esto indica que a este rubro habrá que prestarle muchísima atención.
Por otra parte, se vencen bonos por un monto superior al millón de millones de colones. En principio, no habría mayor problema en captarlos de nuevo sin presionar la tasa de interés, pues, al redimirlos, se alimentaría de nuevo la disponibilidad de los ahorrantes y volverían a invertir (salvo que perdieran confianza por razones de seguridad y decidieran sacarlos del país). Conclusión, el Gobierno y Banco Central deberán dar seguridad al mercado financiero de que, en todo momento, la situación está bajo control.
Pensiones. En cuanto a las pensiones, que representan un 16 por ciento del total de gastos, el rubro más importante son las que se destinan al magisterio nacional (49 por ciento). Se aduce que uno de los problemas que aún perdura son los portillos legales para que se cuelen exfuncionarios para recibir beneficios más altos de los que les corresponde. En resumen, la burocracia, intereses y pensiones absorben cuatro quintas partes de los recursos disponibles y casi la totalidad de los ingresos corrientes. Y un Estado en esa condición financiera tan lamentable, no puede funcionar. La respuesta tradicional del Gobierno a esta y otras dificultades presupuestarias, es siempre la misma: exigir más impuestos para poder incrementar los gastos en educación, seguridad, salud e infraestructura, que son claves para mejorar los indicadores económicos y sociales y la calidad de vida de los costarricenses. Ignora, sin embargo, aspectos fundamentales que se le han venido señalando desde esta y otras instancias.
Gobiernos miopes y abúlicos. En primer lugar, ni este Gobierno ni sus predecesores han querido efectuar una reforma del Estado conducente a mejorar la cantidad ni calidad del gasto. Se han limitado a sugerir nuevas comisiones para tal efecto, a sabiendas de que, al presentarse los informes, los archivarán, como sucedió con el rendido por don Óscar Barahona, engavetado sin discusión por el exministro Dent. No se han querido, tampoco, agilizar nuevas formas de financiar inversión pública sin impuestos, como concesión de obra pública, apertura, privatización de activos (fundamental para reducir la deuda pública) y recortar la burocracia y sus correspondientes privilegios. Mientras esto no suceda, ni se den muestras de una austeridad verdadera y sostenible, no se deben aprobar nuevos impuestos. Mucho menos en plena campaña electoral, donde la tentación de incrementar los disparadores del gasto podría resultar fatal e irreversible.
