Me resulta sorprendente que después de más de tres décadas de aportar evidencia objetiva sobre el impacto negativo en el desarrollo nacional de la omisión, menosprecio o desinformación mostrados por tantos políticos y formadores de opinión en aspectos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional y legal que sí han permitido dar el salto al “primer mundo”, ejercitando una conducción de excelencia de los procesos públicos y sociales, solo haya habido silencio y más silencio. Veo más bien muchas propuestas simplistas de nuevas leyes, políticas, esquemas o acciones que, sinceramente, no alcanzan la envergadura conceptual, jurídica ni empírica de lo que ya existe ni de valiosas experiencias nacionales en los mismos campos. ¿El resultado neto? Ningún problema nacional se soluciona integralmente. Sigue, a pesar de los abundantes recursos presupuestarios disponibles, la pobreza incontrolada, la insostenibilidad ambiental, la inseguridad ciudadana, la educación discriminatoria, así como un desarrollo productivo errático. Todo, innecesariamente avanzando a pasito tun tun .
Falsas soluciones. Algunos, por ejemplo, insisten en una nueva ley que “operativice” el artículo 11 de la Constitución para que los funcionarios rindan cuentas, sin reconocer la caterva de normas excelentes que ya permiten exigirlas a nivel unipersonal en distintas “sedes”. Otros, incluida la Contraloría de la República, piden que el país consensúe sus “políticas de largo plazo y las consigne en una nueva ley”, dando la espalda a las que la Constitución y leyes clarividentemente definen para poner el país a funcionar mucho mejor con la institucionalidad “hasta pa' tirar p' arriba” con que se cuenta.
Muchos jerarcas políticos de turno andan por la vida despistados e incumplidores, sin enfrentar por parte de analistas, medios de comunicación y partidos de oposición, gobierno tras gobierno, la exigibilidad precisa de cuentas sobre esos recurrentes y graves incumplimientos estratégicos e integrales que nos impiden dar “el gran salto”.
¿Qué pasa con los costarricenses? Quienes ahora aspiran a la Defensoría de los Habitantes, a la Presidencia y a diputaciones: ¿tienen la menor idea de estas “cosotas”? Sépase que nuestra preocupación de décadas ha sido producto de haber verificado empíricamente cómo esta indiferencia, que raya en una actitud colectiva insensata por incomprensible, ocasiona un marasmo de enfoques y pésimas e improvisadas prácticas en el ejercicio de la autoridad legítima.
Por otro lado, el no haber calado hondo en carreras universitarias hasta de doctorado que debían buscar plena formación en estos aspectos del fenómeno sociopolítico del país, desnuda la sempiterna debilidad nacional de “enseñar”, adoptando mayormente análisis de autores de naciones altamente desarrolladas, como si sus hallazgos, teorías, sentencias o frases célebres fueran extrapolables, suplantándose así nuestra “realidad nacional” y evadiéndose la investigación autóctona de estos y otros fenómenos sociopolíticos costarricenses.
El artículo del economista Rafael Arias Ramírez aquí, en Foro del 3 de octubre, sobre mi último trabajo en la UCR del modelo-país en la Constitución, constituye un franco aporte a esa necesidad de más estudio original de los problemas nacionales.
¿Por qué resulta tan difícil reconocer que si se utilizara ese marco normativo vigente para el excelente gobierno –que no inventé yo– podrían profundizar más en sus análisis y exigir mejores cuentas concretas de quienes tienen el poder legítimo superior para hacer funcionar este país?
También, podrían exigir mucho mejor a los organismos que fiscalizan la Hacienda Pública y defienden derechos, con el propósito de que lo hagan de manera menos casuística pues es esto, en gran parte, lo que sí introduce muchas distorsiones y obstáculos en tantos procesos institucionales que debían ser diáfanos y expeditos en favor del habitante.
Verdaderos problemas. Nadie parece entender que con la correcta visión sistémica al amparo de la Constitución y leyes vigentes, ya podrían contribuir a mejorar el desempeño real de tantos políticos y de los miles de funcionarios que, por influjo de un mal liderazgo superior y de malsanas prácticas partidistas nacidas claramente en los setentas, forman parte del problema y no de las soluciones.
¿Qué nos pasa? ¿Alguien quiere demostrar en serio que estamos “mal errados”? O, alternativamente: que nos digan cuál es el mejor campo en la gradería del “observatorio del Gran Calvario Nacional” –no creado aún, pero a como está la moda alguien seguro pensará en uno pronto…– para sentarnos a presenciar, tristemente, la caída inexorable, por negligencia colectiva, de una nación que ha estado para mucho más.
¿Qué pensarán quienes proponen nuevos “modelos políticos”, pero sin reconocer y confrontar integralmente los vicios que nos han impedido manejar nuestra sencillita “vieja República” según el visionario modelo sociopolítico constitucional simple y claro, o sea solidario y de bienestar, desde 1949? ¿Y… usted, estimado lector: ¿qué piensa de todo esto de cara a esta campaña electoral en la que los partidos auguran seguir ignorando los aspectos aquí referidos, a pesar del claro mandato del artículo 98 constitucional?
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