Guatemala padece un agudo problema de violencia. ¿Cómo dudarlo ante la criminal batida de los últimos días?
Pero Guatemala padece también una crisis de reglas del juego e instituciones democráticas que, en el fondo, explica la violencia.
La democracia es un sistema de principios, pero también de normas, y procedimientos. Por esto, o es formal o no es, simplememente porque del respeto a un amplio sistema de formalidades, de convenciones y de acuerdos sobre cómo hacer las cosas depende la estabilidad de las instituciones. Y sin estas el ejercicio democrático se vacía de contenido social y político.
Pero esta noción elemental hoy brilla por su ausencia en Guatemala. Intereses de todo tipo y figura, que se alían o contraponen según la ocasión, usan a las instituciones como simples cascarones que sirven mientras los beneficien. Cuando dejan de hacerlo, se convierten en obstáculos a elimina o violar, aunque con ello corra peligro un andamiaje democrático débil desde sus propias bases.
Por esto Efraín Ríos Montt le saca la lengua a la Corte Constitucional; las amenazas y atentados contra jueces, sindicalistas y políticos están a la orden del día; grupos empresariales atizan fuegos golpistas cuando el Gobierno habla de más impuestos o apertura, y una multitud de vecinos acude al linchamiento cuando un fallo por violación le resulta intolerable.
¿Cómo frenar esta escalada de violencia y deterioro institucional? Solo si las principales instancias de la sociedad guatemalteca se deciden a respetar las elementales formalidades democráticas.
Algo que, por cierto, la mayoría no ha hecho hasta ahora.