Defensor de los Habitantes

La Defensoría de los Habitantes, tras ocho años de labor, es hoy una institución consolidada y apreciada. De aquí se deriva una gran responsabilidad: los servicios públicos y, en general, la satisfacción de los derechos de los habitantes en este campo distan mucho de ser satisfactorios. También en este punto conviene acudir al auxilio de las encuestas: las quejas de los ciudadanos por la deficiencia de los servicios públicos, por el trato recibido de los empleados y por las dudas sobre la administración de los recursos públicos sigue, en términos generales, en ascenso, aunque, justo es decirlo, algunas instituciones gozan de ascendiente en la población. Este desafío por el buen servicio, la rectitud, la eficacia y la eficiencia; en fin, por la calidad de vida, será cada vez mayor, en vista de la resistencia al cambio en la esfera del Estado, de parte del sector político y gremial; de los acuciantes desafíos de los tiempos, de un palpable deterioro del sentido de responsabilidad y, en consecuencia, por un clamor popular cada vez más vigoroso en defensa de los derechos, resultado, a la vez, de una conciencia más aguda acerca de estos y del papel del ciudadano en una sociedad democrática.

La Defensoría de los Habitantes tiene, pues, un vasto, complejo y sensible campo de acción espoleado, además, por el hecho de que sus recomendaciones no gozan de fuerza vinculante para los funcionarios públicos o los jerarcas. La eficacia de su labor depende, en última instancia, de la responsabilidad de los funcionarios, de la publicidad de las recomendaciones o de las críticas de la Defensoría, del respaldo de los diputados y de la autoridad moral de los jerarcas de esta institución. Le damos a este último aspecto un valor especial. De aquí la necesidad de que el nombramiento del Defensor y del adjunto esté libre de toda consideración política. No es, por consiguiente, una buena señal, desde el punto de vista del principio, el hecho de que el Poder Ejecutivo y la fracción legislativa afín a este patrocinen a uno de los candidatos o que los partidos mayoritarios se repartan estas posiciones. Este elevado cargo debe mostrar un alto grado de independencia.

Este nombramiento da pie, asimismo, para formular algunas observaciones. Conviene revisar el método de selección de los candidatos a Defensor. Las aceleradas entrevistas más bien conspiran contra su prestigio. En segundo lugar, los informes anuales de la Defensoría deben ser objeto de un análisis responsable en la Asamblea y de un seguimiento esmerado, en vez de constituirse en un rito anual sin pena ni gloria. En tercer lugar, después de ocho años de funcionamiento, sería beneficioso para el país revisar la labor de la Defensoría, pero no para menguar sus cometidos sino para fortalecerla y hacer más operante su trabajo. En vista de la experiencia acumulada, de la pasividad de los diputados y de la mayor parte de los funcionarios públicos ante sus recomendaciones, así como de la vastedad de las cuestiones sometidas a su consideración o sobre las cuales vierte criterio, bueno sería un análisis interno y externo para que su labor sea más provechosa, a tono precisamente con la confianza que la gente ha depositado en ella.