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Conforme las elecciones presidenciales del próximo 17 de diciembre se acercan, el clima político de Haití readquiere la turbulencia y polarización que desembocaron en el derrocamiento de Jean Bertrand Aristide por los militares en 1991. El controversial mandatario, reinstalado mediante una invasión norteamericana en octubre de 1994, supuestamente deberá patrocinar y respetar comicios libres, competidos y democráticos y, lo que es más importante, entregar el poder a un sucesor democráticamente escogido. Este retorno al frágil orden constitucional haitiano fue pregonado por el presidente Bill Clinton como el objetivo primordial de la ocupación estadounidense.
Desafortunadamente, la prometida reivindicación democrática no solo no plasmó sino que amenaza ser descartada por un vuelco a un nuevo duvallierismo encabezado por Aristide. Tras las recientes elecciones parlamentarias, opacadas por acusaciones de fraude e irregularidades y una ola de violencia, Aristide retomó su antiguo papel de demagogo y agitador. Como resultado, turbas de delincuentes otra vez acosan a la población, al tiempo que adversarios políticos del Presidente han sido asesinados o desaparecido misteriosamente. La prensa también es blanco del revanchismo desatado por el gobernante. Entre tanto, la situación económica se agrava y el éxodo de los balseros va en ascenso.
En los últimos días, posiblemente alentado por la indiferencia de Estados Unidos y la comunidad hemisférica ante sus excesos, Aristide ha hecho declaraciones que arrojan duda en torno a las planeadas votaciones presidenciales. Más aún, en reuniones públicas de su movimiento Lavalas, y respondiendo a instancias de sus seguidores, el mandatario expresamente ha dicho que complacerá el pedido de quienes desean su permanencia en el cargo por tres años adicionales. De esta forma, según él, compensará el tiempo que estuvo expatriado a consecuencia de su derrocamiento. La incertidumbre provocada por las sibilinas manifestaciones del exsacerdote llevaron, incluso, a un emplazamiento del gobierno norteamericano, subrayado por la visita a Puerto Príncipe de Anthony Lake, el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. A todo esto, nadie podría decir con certeza cuál es la verdadera posición del errático Aristide.
El giro lamentable de la situación haitiana aflora, precisamente, en momentos en que el presidente Clinton intenta obtener respaldo del Capitolio para enviar tropas a Bosnia. Por desgracia, no pareciera que las lecciones derivadas de la experiencia en la isla hayan sido tomadas en consideración para el proyecto en los Balcanes. El desafío central en Haití ha sido articular un consenso nacional, visible en instituciones políticas legitimadas por la aceptación de una mayoría cívica y nutridas por el apego a la legalidad. Nada de esto era posible lograr con una acción militar centrada en reinstaurar a Aristide, personaje polémico y cuestionado cuyos antecedentes presagiaban serias complicaciones. Y en efecto así ocurrió. Su retórica conciliadora desapareció y la atmósfera del país decayó en la represión, la pobreza y la desesperanza que agobian a los sufridos haitianos.
Ahora, tardíamente, Washington procura reencarrilar un proceso viciado desde su inicio. Y aunque las elecciones se realicen, es notorio que el nuevo presidente, si es que llega a ocupar el cargo, será controlado por Aristide y su círculo. Un desenlace poco halagador para una invasión que era innecesaria y cuyas enseñanzas eluden todavía hoy a la Casa Blanca.
