¿Cambian las creencias y percepciones de lo político cuando se refieren a los planos nacionales y locales? ¿Existe una cultura política local? Estas preguntas están en la base de un reciente estudio de Roy Rivera ( Cultura Política, Gobierno Local y Descentralización . FLACSO, 2001), en que se reconstruyen visiones ciudadanas sobre lo local y lo político, proporcionando información de particular importancia en una circunstancia histórica dominada por la creencia de que en lo local radica la mayor oportunidad de profundización de la democracia y, por esa vía, de restauración de la confianza ciudadana en la política y la legitimidad de las instituciones.
La importancia de la cuestión local en la actualidad responde a una especie de paradoja de la posmodernidad. La localidad adquiere renovada importancia económica y política porque lo nacional se ha vuelto demasiado grande para el manejo de los asuntos que ocupan la atención inmediata de familias y comunidades y, al mismo tiempo, muy pequeño para influir sobre las tendencias que marcan el proceso global. Por eso ninguna propuesta política que tenga pretensiones de triunfo electoral puede desentenderse de formulaciones positivas sobre la participación ciudadana y el gobierno local. Y en el plano económico, las asimetrías regionales que persisten y se profundizan, revelan que en la competencia por el uso de los recursos algunas localidades ganan y otras pierden.
Las visiones de la ciudadanía sobre estos procesos sugieren la persistencia en el imaginario colectivo de una relación conflictiva con lo local como espacio de desarrollo humano. Los datos del estudio revelan que en la generalizada visión negativa sobre la política y sus agentes, la población apuesta a una restauración fundada en el incremento de la independencia política y financiera de los gobiernos locales. La expectativa ciudadana no es ingenua porque, por un lado, favorece la afirmación de los poderes locales especialmente cuando las propuestas electorales son nuevas y autónomas; mientras, por el otro, desconfía de la capacidad de las instituciones públicas, sean centrales o locales, para satisfacer sus necesidades con transparencia y eficacia.
La respuesta institucional en Costa Rica a este desafío no ha sido demasiado ágil, pero es justo señalar que se están adoptando medidas que, conducidas con firmeza y sustentabilidad, pueden afirmar una tendencia a la orientación de las políticas públicas hacia espacios sociales microterritoriales. Los concejos de distrito, las asambleas distritales en el marco del Triángulo de Solidaridad y más recientemente la aprobación legislativa del traspaso gradual del 10% del presupuesto público a los gobiernos locales apuntan en la dirección correcta: incremento de los espacios de decisión en el plano municipal, ampliación de la oportunidad de participación ciudadana y entrega de recursos suficientes para la puesta en práctica de las decisiones así generadas.
Pero los avances políticos crean compromisos sociales y quizá los más importantes se relacionan ya no con la calidad de la presencia ciudadana en el espacio político local, sino con la formación de mecanismos modernos de gobernabilidad local. La idea de cultura política involucra dos partes de una relación: las ciudadanías con sus prácticas y percepciones, y las instituciones con sus respuestas a tales demandas. Es prudente reconocer que, si bien la falta de transparencia en la toma de decisiones públicas y las limitaciones de la rendición de cuentas a una ciudadanía bien informada son debilidades notorias de la democracia costarricense, resultan ser ausencias casi generales en el quehacer de los gobiernos locales. Con pocas excepciones, los municipios no establecen mecanismos de buen gobierno.
Más poder para lo local supone, en consecuencia, el estímulo de la práctica política en ese espacio, que aglutine el conocimiento ciudadano de su problemática inmediata con una mayor capacidad de gestión institucional. Y entonces quizá los déficit democráticos de la cultura política nacional podrían empezar a superarse desde abajo.
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