EscucharLa crisis fiscal se atenúa con la ayuda de los organismos internacionales y con la venta del patrimonio público; pero la solución definitiva exige un modelo institucional que complemente la democracia política con la económica, ya que la primera no es suficiente para la realización del orden social republicano y democrático necesario para lograr un desarrollo económico sostenido.
Casi todas las recomendaciones que se dan para solucionar la crisis fiscal, en cuanto a las empresas productoras de bienes y servicios, se concentran en una cara de la "moneda": la económica. Falta la democrática y republicana que equilibre esas empresas. Pasan inadvertido que "la naturaleza es un sistema de propiedades opuestas, como el calor y el frío, que los contrarios se ponen de acuerdo, que de sonidos diversos resulta la más bella armonía." Ese complemento social democrático y republicano, no consiste en convertir al Estado en empresario, ni en despojarlo de sus bienes, sino en alcanzar el equilibrio en cada empresa. Equilibrio entre lo público y lo privado; equilibrio entre el capital y el trabajo, y equilibrio entre los inversionistas iniciales y los que posteriormente adquieran acciones.
Aquellas recomendaciones difieren fundamentalmente en torno a la privatización. Unos la apoyan solidarizándose con los organismos internacionales que la patrocinan, y otros la combaten culpando a esos organismos de nuestra situación, pero ninguno recomienda complementar la democracia política con la económica, republicanice democráticamente las empresas. Al efecto recomendamos acoger un modelo institucional que organice a las empresas públicas como sociedades anónimas, pero perfeccionado esa forma asociativa para alcanzar el equilibrio mencionado.
Al acoger el modelo recomendado, el Estado vende mediante licitación pública a empresarios especializados de reconocida solvencia moral y económica el 50 por ciento de las acciones comunes de las sociedades anónimas en que transforme sus empresas, junto con la administración. El 50 por ciento restante le garantizan el control necesario sobre las empresas estratégicas, sin los vicios del Estado empresario, y posiblemente le den más ganancias que las que hoy obtiene. El producto de la venta de las acciones lo destina el Estado a pagar deudas. La presencia de empresarios eficientes y solventes les daría confianza a los inversionistas privados. El equilibrio entre lo público y lo privado se da en las empresas del Estado que acojan el modelo institucional recomendado. Las empresas privadas seguirán siendo privadas, aunque pueden republicanizarse democráticamente. El argumento de que las empresas o son públicas o son privadas, o que para salvar una empresa pública deben privatizarse otras, no es válido. Las instituciones deben salvar al país, no el país a las instituciones. La sugerencia de vender una institución y parte de instituciones. La sugerencia de vender una institución y parte de otra, no responde a un modelo institucional, y por no llegar al fondo de los problemas señalados, tampoco los soluciona.
Los sindicatos se oponen a la privatización, pero también los empresarios que negocian con las empresas públicas. Por eso se da el fenómeno de que esos empresarios son liberales con respecto a las empresas privadas, pero defienden las empresas públicas con que negocian, por esa razón o por cálculo electoral.
Sólo asumiendo directamente los inversionistas y los trabajadores la responsabilidad del desarrollo, unidos solidariamente en empresas organizadas como sociedades anónimas que constituyan instituciones pluralistas equilibradas, podrá desarrollarse el país y salir de la crisis.
