El accidentado proceso judicial seguido en Roma contra el exoficial nazi Erich Priebke concluyó el martes último con una leve condena de prisión impuesta a ese antiguo militar alemán, coautor de una de las más cruentas masacres perpetradas por las SS (tropas de asalto hitlerianas) en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia, el juicio de Priebke, igual que tantos otros, puso en evidencia cómo el transcurso del tiempo, el desconocimiento de la historia y una diversidad de factores sociales y políticos suelen opacar la visión del público y las autoridades en torno a horrendos crímenes contra la humanidad y, sobre todo, respecto a la justicia que dichas transgresiones demandan.
No hay justicia humana capaz de enmendar la tragedia de los millones de seres indefensos víctimas del nazismo. Hitler y sus huestes escribieron un capítulo inédito de perversidad, sin parangón en los anales del género humano, el cual trasciende el ámbito lógico de las normas jurídicas y los jueces terrenales. Pero someter a la acción de la justicia a los responsables de esas atrocidades responde no solo a una exigencia ética fundamental de la convivencia social. Ante todo, permite indagar las causas de tal deshumanización y educar a las nuevas generaciones sobre el imperativo de salvaguardar la dignidad esencial de nuestros semejantes, sin excepción.
Lamentablemente, las persecuciones y matanzas de individuos o grupos debido al color de su piel o sus convicciones ideológicas o espirituales no terminaron con la derrota del Tercer Reich alemán. Sin alcanzar las proporciones del holocausto nazi, una ola de crímenes contra la humanidad ha proliferado desde entonces en diversos puntos del planeta, crímenes que, increíblemente, permanecen impunes. No menos preocupante es la pasividad e indiferencia de las naciones más poderosas del orbe frente a esos hechos. La victoria de las democracias sobre el totalitarismo fue eminentemente moral, y no actuar enérgicamente contra los genocidas de hoy equivale a una capitulación ética de graves alcances políticos.
Hay ejemplos dolorosos de la impunidad reinante que laceran la conciencia mundial. Pol Pot descansa plácidamente en Camboya. Y la aniquilación de millones de hutus y tutsis a raíz de enfrentamientos internos y golpes militares en Ruanda, Burundi y la región del Congo, aparte de altisonantes pronunciamientos en la ONU, no motivó acciones urgentes para detener la tragedia ni para juzgar a los criminales. Todavía ahora las naciones más avanzadas se mantienen al margen de aquella sangrienta dinámica, en especial, las antiguas potencias coloniales que abonaron la presente crisis. Un tribunal creado por la ONU nunca concretó las investigaciones necesarias para sancionar a los culpables del ciclo genocida africano.
Más alarmante aún, debido a sus nocivas repercusiones inmediatas en los acuerdos de paz, es la indefinición sobre los crímenes en la antigua Yugoslavia. Excepto por un reciente intento aislado de las fuerzas británicas, el contingente multinacional encargado de velar por los convenios de Dayton se ha abstenido de arrestar a los 67 serbiobosnios requeridos por el tribunal internacional de La Haya bajo cargos de genocidio. Esta negativa refleja la renuencia de los gobiernos de la OTAN a involucrarse en posibles hostilidades armadas. Entre tanto, los cabecillas e instigadores de las bandas asesinas andan sueltos, confiados de que nunca deberán rendir cuentas.
He ahí un panorama deplorable que llama a la reflexión. Una impunidad que ensombrece el futuro de la paz mundial.
Escuchar