La fuga de Humberto García Abrego, figura clave del narcotráfico internacional, evidenció las extensas ramificaciones de los carteles de la droga en el ámbito oficial mexicano. Rector financiero de una de las mayores organizaciones criminales y detenido desde 1995, García Abrego salió tranquilamente del cuartel policial donde era interrogado por agentes federales. La increíble facilidad con que escapó, a pesar de una fuerte custodia, solo pudo obedecer a un plan generosamente dotado de sobornos, muestra inconfundible de la corrupción imperante en las dependencias mexicanas encargadas de combatir el tráfico de estupefacientes.
El episodio, por sí alarmante, ocurrió en momentos en que el Gobierno norteamericano ponderaba su aval a los esfuerzos de México en la lucha contra las drogas. La así llamada "certificación" que el Ejecutivo en Washington debe emitir cada año constituye un requisito esencial para los beneficios comerciales y ciertos privilegios financieros otorgados por Estados Unidos a diversos países. Negar tal "certificación", como sucedió con Colombia, implica la pérdida de esas concesiones y, además, el veto norteamericano para recibir créditos de los organismos financieros multilaterales.
Desde luego, el caso de México es particularmente delicado debido a su participación en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) junto con Estados Unidos y Canadá. Dicho convenio ha sido políticamente controversial pues se le atribuye --injustamente-- propiciar la fuga de empleos a México, lo cual obligó al presidente Bill Clinton a desplegar grandes esfuerzos para lograr su ratificación legislativa. Converge en este panorama el rescate financiero de México patrocinado por la Casa Blanca hace dos años, también blanco de duras críticas en el Capitolio.
Aparte de las tremendas complicaciones para el TLC derivadas de "descertificar" a México, mediaba asimismo el prestigio del presidente Clinton quien ha elogiado la campaña de la vecina nación contra el narcotráfico. Desafortunadamente, la corruptela reinante en el aparato policial y los tribunales mexicanos ha sido noticia cotidiana y los funcionarios especializados de la administración en Washington propugnaban negar la "certificación".
Anticipando esa eventualidad, en días recientes, el Gobierno mexicano se apresuró a depurar los cuerpos policiales sindicados de colaborar con los carteles de la droga. Tales medidas permitieron a Clinton allanar la opinión contraria de sus asesores y pronunciarse en favor del aval a México. Sin duda, la fuga de García Abrego --el jueves último-- habría forzado a Clinton a rehusar la "certificación". Por ello, la Procuraduría General mexicana ocultó el hecho hasta el sábado, un día después del anuncio de la decisión positiva de la Casa Blanca.
Es evidente que México atraviesa una coyuntura crítica y no solo con respecto al narcotráfico. Significativamente, el deterioro en la lucha antidrogas ha coincidido con un retroceso en el proceso de democratización que impulsa el presidente Ernesto Zedillo, saboteado por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI). La democracia exige transparencia en la función pública, y la penetración del narcotráfico pone hoy en peligro no solo la vital relación con Estados Unidos sino también la liberalización política de ese país.
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