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¿Cuánta es la superficie de Costa Rica? Una pregunta elemental en las lecciones de Estudios Sociales. Cuando de forma casi mecánica pensamos en 51.100 km², sabíamos que este dato era suficiente para una buena calificación; sobre todo si agregábamos nuestros límites con Nicaragua, Panamá, el mar Caribe y el océano Pacífico. Sin embargo, para sorpresa de casi todos, esta cifra es incorrecta. Es una subestimación de la verdadera dimensión geográfica de Costa Rica.
Nuestro país bien podría compararse con un iceberg. Estas formaciones de hielo tienen una característica muy conocida: solo es visible una mínima fracción de su masa que sobresale del agua. El resto permanece oculto. Costa Rica tiene exactamente la misma característica: nuestro territorio submarino podría ser casi 12 veces más grande que los 51.100 km² que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, mientras para los pasajeros del Titanic esto fue la receta del desastre, para nosotros sería una bendición poder consolidar nuestra soberanía sobre tan vastos territorios.
Piedra angular. La soberanía es la piedra angular sobre la que descansa la estructura del Estado-nación. Nuestra Constitución la consagra desde su artículo 1, y en el 6 la preceptúa como “completa y exclusiva”, delimitando su extensión geográfica. Esta “cobija” también la plataforma continental, donde la tierra firme penetra los fondos marinos. Hasta hoy el conjunto aglutina algo menos de 60.000 km², pero existe la posibilidad de multiplicarlo con solo un mínimo de diligencia.
El dominio sobre una propiedad privada se afirma cuando su dueño ejerce acciones para consolidarlo. También el dominio sobre los territorios soberanos se fortalece cuando el Estado actúa en consecuencia. Esta competencia, de acuerdo con el artículo 121 de la Carta Magna, corresponde a la Asamblea Legislativa, e incluye el otorgamiento de las fuerzas y recursos minerales de los fondos marinos, siempre que estos se encuentren dentro del territorio soberano. Esto permite legislar para proteger la riqueza natural y preservar sobre ella nuestros intereses nacionales.
Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorgó a nuestro país la oportunidad única de extender el reconocimiento de su plataforma continental submarina –y con ella, la soberanía “completa y exclusiva”– hasta 620.000 km². Valga decir, una extensión tan grande que nuestras tierras emergidas (la “punta” del iceberg) caben más de once veces en ella.
Para concretar esto, se requiere un análisis de la estructura de los fondos marinos, su extensión y morfología, y la realización de una petitoria ante la ONU por parte de una comisión técnica y otra jurídica. El plazo para hacerlo vence el día 13 de mayo del 2009.
Tesoro ecológico. Las implicaciones del éxito de esta petitoria son cruciales. Por un lado nos consolidaría como “potencia ambiental”, con los compromisos y responsabilidades que esto conlleva. Somos “los gendarmes” de un tesoro ecológico que debe valorarse, protegerse y potenciarse, para bien nuestro, de los que vendrán y de todo el orbe. Por otro lado, nos permitiría comenzar a superar las limitaciones propias de un país pequeño y pobre, con serias restricciones en la economía mundial. Los recursos submarinos en cuestión poseen un inestimable valor para afrontar los principales problemas que ya asoman en el siglo XXI.
La cordillera de Cocos, de 950 km de longitud y 300 de ancho, con 11 volcanes y 7 picos de altura superior a 3.500 m., cubre portentosos yacimientos de gas natural e hidratos de metano. Estos son una importante promesa energética para los próximos 350 años, cuyo valor comercial asciende al menos a 4.000 billones de euros. Igualmente, si somos diligentes, nos adicionaríamos abundantes yacimientos de metales y minerales estratégicos que se encuentran en estos territorios. Así, Costa Rica se situaría en el contexto internacional como un país con amplias reservas energéticas y minerales.
En el pasado, y a causa de la negligente desidia gubernamental, corrimos el riesgo de dilapidar esta oportunidad. La Convención sobre el Derecho del Mar de la ONU había fijado un plazo de diez años (entre 1992 y 2002) para que los Estados ribereños reclamasen sus derechos. Costa Rica, aunque firmó la Convención, no hizo gestión alguna. Por suerte, y a solicitud de varias naciones interesadas, se abrió un periodo extraordinario para hacerlo. El país tiene una deuda de gratitud con el oceanógrafo Guillermo Quirós y el diputado Alexander Mora, responsables de alertar a los legisladores y al poder ejecutivo sobre el tema.
Dada la visión del presidente Arias, me declaro optimista y confío en que existirá el apoyo y la diligencia necesarias para que el 13 de mayo del 2009, habiendo reclamado lo que nos pertenece, fortalezcamos nuestro arsenal para seguir luchando contra el subdesarrollo. Como en la parábola de los talentos, es tiempo de reclamar y aprovechar sabiamente los recursos que nos corresponden. Costa Rica lo necesita y lo merece.
