EscucharEs vergonzosa la distinción: Costa Rica fue incluida en la lista negra de los países que no colaboran en brindar información fiscal, levantada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y dada a conocer con ocasión de la reunión del Grupo de los 20 la semana pasada en Londres, Inglaterra, como la lista de los paraísos fiscales.
Podríamos argumentar que no somos técnicamente un paraíso fiscal convencional, en el sentido de mantener bajas tasas de tributación sobre la renta con el objeto de domiciliar empresas, negocios o actividades lucrativas, como algunos países caribeños, africanos o europeos, sin pagar impuestos en sus países de origen. Pero retenemos información bancaria fundamental que facilitaría la identificación de ingresos gravables de ciertos contribuyentes nacionales y extranjeros domiciliados en el país o en el exterior, por lo que sus tasas efectivas, al evadir los impuestos totalmente, equivalen a cero. Y eso es también reprochable. Además, nos ubica como un paraíso fiscal mondo y lirondo, según la definición convencional de la OCDE.
En efecto, un paraíso fiscal se caracteriza “por la ausencia de impuestos o una baja tasa efectiva, combinada con el hecho de ofrecerse como un paraíso fiscal para atraer inversión extranjera, o simplemente es percibido como tal por no residentes para evadir impuestos del todo. Similarmente, una baja tributación combinada con limitación para dar u obtener información para propósitos tributarios se identificaría típicamente como un paraíso fiscal”. Y ese es el caso de Costa Rica. Los extranjeros (personas físicas o jurídicas) pueden domiciliarse aquí sin que se les grave por los ingresos obtenidos en el exterior y, además, se le niega información a sus respectivos países de origen sobre los ingresos que obtengan y depositen en sus cuentas bancarias abiertas en el territorio nacional. Según esa definición no cabe ninguna duda: somos un paraíso fiscal, aunque a los costarricenses se nos grave con tasas elevadas por el ingreso obtenido de fuente costarricense.
¿Cuál es el problema de los paraísos fiscales? La OECD, en un informe dirigido a sus países miembros, lo describió en forma precisa y contundente: “Los paraísos fiscales dan la oportunidad a los contribuyentes de evadir o burlar impuestos en sus países de origen. Cuando los individuos o compañías evaden sus obligaciones privan a los gobiernos de ingresos necesarios para edificar escuelas, hospitales y otros proyectos de carácter público. Un reciente estudio del senado de los EE. UU. estima que las autoridades fiscales de ese país podrían perder $100.000 millones al año a los abusos de las offshore ”. Costa Rica, al negarse a dar información (o consentir el funcionamiento de la banca offshore ) está dando muestra de muy poca o ninguna solidaridad con la comunidad internacional. Y eso se debe corregir.
¿Por qué se incluyó nuestro país en la mencionada lista negra? Debido, fundamentalmente, a los efectos de la legislación tributaria y las resoluciones de los tribunales de justicia en cuanto a la protección del secreto bancario, instituido en la legislación desde hace mucho tiempo. El ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, en declaraciones dadas a La Nación el pasado sábado lo puso en términos muy precisos: “El mayor interés de la OCDE es el acceso a la información bancaria para efectos tributarios sin necesidad de la intervención de un juez y sin que exista una causa pendiente o una investigación por fraude fiscal”. Tiene razón en su apreciación. Y agregó que en los próximos días presentará un proyecto de ley a la Asamblea legislativa para levantar el secreto bancario para efectos fiscales, únicamente. Nosotros apoyamos esa iniciativa.
Durante años, la legislación bancaria prohibía a la Administración Tributaria costarricense tener acceso a las cuentas bancarias según la premisa –equivocada a nuestro modo de ver– de que era indispensable proteger el secreto bancario a toda costa para impulsar la apertura de cuentas corrientes y de ahorro y profundizar así el sistema financiero. Posteriormente, se modificó la legislación para permitirle a la Dirección de Tributación tener acceso a las cuentas bancarias cuando tenía sospechas de evasión fiscal, y un juez nacional autorizaba la apertura de las correspondientes cuentas.
Sin embargo, nada grave sucedió con el volumen ni el monto de las cuentas bancarias, ni con el proceso de profundización financiera que ha continuado en aumento. Y, si en el análisis se incluye la experiencia de la mayoría de los países desarrollados y con sistemas financieros de amplia profundidad y cobertura, en donde las autoridades fiscales tienen acceso permanente a las cuentas bancarias en cualquier momento sin necesidad de autorización judicial, se constata que nada ha sucedido con los presuntos retiros de los depositantes. Se comprende así que Costa Rica podría abrir el secreto bancario sin necesidad de autorización judicial sin que nada suceda con la profundidad y estabilidad de nuestro sistema financiero.
El país en su conjunto podría ganar con la apertura del secreto bancario. La reforma sería muy simple: bastaría derogar la prohibición de divulgar el contenido de las cuentas bancarias incluida en la legislación actual, sin necesidad de reformar las demás disposiciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Las autoridades fiscales podrían controlar más eficazmente los ingresos gravables y no gravables de todos los contribuyentes, nacionales o extranjeros, sin necesidad de una engorrosa autorización judicial que requiere demostrar previamente la ocurrencia de una defraudación fiscal. Además, se podrían controlar más fácilmente los delitos de lavado de dinero sancionados por la Ley de Sicotrópicos.
El Congreso debería aprobar el proyecto lo más rápidamente posible. Nos facilitaría la conclusión de tratados de doble tributación internacional e información recíproca, necesarios para sentar las reglas de juego para la inversión internacional legítima que necesita el país, y aumentaría la neutralidad y transparencia en el sistema tributario. Además, sería un buen gesto ante la comunidad internacional y un buen paso para poner nuestro grano de arena para iniciar el proceso de fiscalización y control del sistema financiero mundial.
