No quedan dudas del porqué los diputados desean mantener -a capa y espada- el régimen de las partidas específicas, que se asignan anualmente a la fracción del partido en el poder y a algunos legisladores independientes -de grupos minoritarios-, cuyos votos estratégicos bien valen para el Gobierno una buena cantidad de dinero proveniente de fondos públicos.
Estas partidas, que se incluyen en los programas de gastos del Poder Ejecutivo, tienen fines específicos tan diversos que es imposible determinar su impacto en la solución de los problemas sociales si es que realmente lo llegan a tener.
Por el contrario, los beneficiarios de los recursos monetarios son seleccionados al libre antojo de los congresistas, quienes no se sonrojan al festinar los dineros aportados por los contribuyentes en el arreglo de gramillas y estadios o en el pago de deudas y gastos administrativos de diversas asociaciones.
El Poder Ejecutivo procura ganar indulgencias entre los legisladores -propios y de partidos pequeños- mediante la concesión de este privilegio, sobre el que, aparte de un evidente objetivo político, no se plantea ninguna expectativa de orden social. Tampoco ejerce control sobre el destino de las partidas ni valora previamente las necesidades reales de los grupos o comunidades favorecidas.
Además, difícilmente podríamos confiar en los criterios empleados por los diputados en la distribución de los montos. Es obvio que primarán las razones político-personales de los legisladores.
Porque, al fin de cuentas, los liberacionistas no ayudarán a líderes comunales ni dirigentes rurales que no les sean afines o que pertenezcan al partido opositor y viceversa.
Pese a que de lo que se trata todo lo anterior es de cómo acudir a la fiesta y crearse una imagen y un eventual caudal electoral con ropaje ajeno.
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