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Los incontables actos de mala administración pública enumerados por la prensa y por los mismos jerarcas, como el caso de las compras tardías de algunas medicinas de la CCSS que "obligan" a hacer compras directas; los atrasos en las expropiaciones del MOPT que obligan al Estado a pagar millonarias multas en dólares a los concesionarios de obra pública; los supuestos incumplimientos de Aviación Civil con Alterra que encarecen el contrato en más de $100 millones (sic) y la compra de patrullas anticuadas del MSP en la que aparece inmiscuida hasta la Contraloría, para citar unos pocos ejemplos, se nos presenta como un mal inevitable -algo así como la caída de un rayo-, por la que no se pueden señalar responsables. Es un problema, se alega, de la incapacidad innata del sistema público, por ser público.
Dentro de esta interpretación, los jerarcas es poco lo que pueden hacer, porque los sindicatos y la normativa se lo impiden, de tal manera que la responsabilidad es de todos y de nadie. Pero esto obviamente no es así. Existen responsables que nos deben rendir cuentas. Los altos jerarcas son empleados públicos, pagados por nuestros impuestos, que deben responder por los resultados de su trabajo. Cuando hay una malversación o irregularidad grave deben señalar las causas y procesar a los responsables o tomar las medidas del caso para corregir la normativa que no funciona.
Explicaciones, no silencio. De ser verdaderos y realmente graves los incumplimientos de Aviación Civil con Alterra, debe haber responsables encauzados y medidas para evitar semejantes "horrores" en el futuro. Los $10 millones reclamados por los atrasos en las expropiaciones en la carretera a San Ramón, es un monto nada despreciable que exige explicaciones serias a la ciudadanía y no el silencio sospechoso por respuesta.
Lamentablemente en nuestro país se ha reducido tácitamente la condición de ciudadanos de una república al papel de vasallos con derecho al berreo. Incluso una parte de los medios se dan por satisfechos con la protesta y no le dan seguimiento a sus propias denuncias, creando un clima de impotencia y frustración. Existen indicios reiterados, por la repetición continua de las "fallas administrativas" y por la forma en que se han hecho algunos reglamentos y procedimientos, que se trata de un modus operandi bien calculado y que funciona con gran eficiencia para los intereses involucrados. Verdaderos vivazos, que nada tienen de ineficientes navegando con bandera de tontos. Bajo el manto de la ineficiencia congénita del sector público, se encubren negociados privados y se les brinda una inmunidad tácita a los jerarcas que "no pueden hacer nada", "porque no hay presupuesto", "porque no puedo nombrar a personas capaces", "porque los sindicatos no me dejan". Cuando en realidad, muchos de ellos, se aprovechan del desorden existente para su propio beneficio. En otras palabras, el dogma de la ineficiencia generalizada en el sector público es sospechosa de encubrimiento interesado.
Lo peor es que esto sucede cuando estamos con un Estado sin políticas de mediano y largo alcance, donde son los intereses personales y no el bien público lo que orienta la acción, como los casos sonados de las compras de equipo médico obsoleto e innecesario a Finlandia y desfasado a Alcatel.
Resultados y responsabilidades. La Asamblea Legislativa y el Ministerio Público, para impulsar el país adelante, deben exigir resultados y establecer respon- sabilidades, indagando la naturaleza estas "torpezas casuales" en el incumplimiento de plazos de contratos y actividades que nos afectan a todos y benefician a pocos.
Para frenar el abuso y cumplir con la Constitución y las leyes, no hay que perderse en detalles, sino exigir a los altos jerarcas el cumplimiento constitucional de la rendición de cuentas, demandando resultados concretos y no metas intrascendentes, que solo sirven para disimular y mantener ocupados a los empleados. La Asamblea tiene el poder de hacerlo con solo exigir, antes de aprobar el presupuesto del año siguiente, la evaluación de resultados del año anterior y solo aprobar recursos para aquellos programas con resultados y perspectivas de futuro. Apostemos a que, además de frenar la corrupción con estos controles, se resuelve también el problema fiscal al reducirse o cerrarse los programas ineficientes.
