EscucharUn síntoma de que los tiempos que corren sufren de una enfermedad aberrante es el contraste entre el hecho de que la esfera privada de la gente merma, mientras que, contrariamente, crece el mutismo, la elusión o el secreto en que se desenvuelven las actividades públicas.
Hay otras señales: hoy es fácil desacreditar a quienes por motivos interesados, públicos o privados se necesita que sean carne de escarnio, no importa si no hay razones consistentes o datos objetivos que lo justifiquen; lo simplemente verosímil sustituye a lo realmente verdadero como el fundamento suficiente que se suministra para formar opiniones y juicios. Se hace poco caso de la máxima que dice: lo que se afirma sin pruebas puede rebatirse sin pruebas.
Evidentemente, digo lo último a raíz de un ejemplo patente y manifiesto, como reza el lenguaje sacramental de los abogados, que se ha podido observar hace pocos días en el seno de una comisión legislativa: allí, se ha exhibido a altos exfuncionarios por causa que no más enrostrada enseguida se ha admitido que es falsa. Este es solo un ejemplo, que por su grosería y cercanía viene de primero a la memoria. Si tuviera que aconsejar a los que aspiran a hacer investigaciones necesarias y justas, les recordaría las palabras de una connotada científica: si analizas una basura de datos, obtienes una basura de conclusiones.
Vuelvo a lo que apuntaba al principio. No sé qué dirán los especialistas, pero siento que el reducto privado de cada quien, que se deja invadir fácilmente a causa de la tecnología, se desguarnece en ocasiones hasta con la complicidad del derecho. Lo ilustra la agria discusión que tiene lugar en estrados judiciales acerca de la vigencia de un artículo de ley que avala y desencadena la penetración del ámbito privado en persecución del delito, y la precariedad de las razones para tener como vigente lo que fue derogado. La confianza en la objetividad y la pericia de la investigación penal se resiente si se fuerza el régimen de garantías.
De otro lado, en la gestión de los asuntos públicos hay un énfasis, novedoso por su carácter acentuado, en dar las espaldas a la información y el conocimiento colectivos. Los casos que lo demuestran afianzan las inconvenientes reserva y privacidad de actuación de órganos administrativos y políticos.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPIlegal.
