Basta seguir el trabajo de los equipos periodísticos de Chequeado (Argentina), Maldita.es (España), PolitiFact (Estados Unidos) o Doble Check (Costa Rica) para constatar que hoy el discurso público está plagado de falsedades. Pero no me interesan aquí las mentiras puntuales en que pueda incurrir tal o cual representante político. Esas que se dicen para ocultar un hecho que, por alguna razón, conviene no reconocer.
La primera tiene que ver con la definición de “pueblo”. La determinación de quiénes lo integran y, en ese tanto, son depositarios de la soberanía y titulares de plenos derechos políticos.
En un extremo está la democracia liberal, en la cual, de acuerdo con la Constitución, pueblo somos todos los ciudadanos del país, libres e iguales. En el otro extremo está el fascismo, en el cual solo se es parte del pueblo si se apoya el proyecto político del líder y, además, se tienen ciertas características étnicas y culturales. Es el caso del “volk” nazi. Entre medias, hay otros dos tipos: los “fascistas wannabe” (término acuñado por F. Finchelstein) como Trump o Vox en España, en los que el supremacismo racial y cultural es determinante en la delimitación de quién es y quién no es parte del pueblo, y los populistas clásicos, como Hugo Chávez o Claudia Sheinbaum.
En esta cuarta demarcación, la clásica del populismo, lo que determina pertenecer o no al pueblo es el apoyo o la oposición al proyecto político hegemónico. No todos los ciudadanos son parte del pueblo, pero, para serlo, no importa el color de piel, la religión ni la lengua, o la identidad sexual, sino solo la adscripción política. Y aunque en algunos casos el deslinde tenga una carga clasista, como en el caso de Sheinbaum, eso no es decisivo: nadie quedaría excluido de la llamada “Cuarta Transformación” solo por tener un ingreso alto o provenir de una familia rica, como Alfonso Romo Garza.
Es la variante que veo en Costa Rica. El 10 de agosto, cuatro días después del “plantón por la democracia”, el ministro Chaves dijo: “El pueblo no protesta; apoya. Y los que protestan hoy son los poderosos, los enchufados”.
Chaves construyó un contraste explícito entre las protestas del pasado y el plantón: “En Costa Rica, antes protestaba el pueblo” y contrapuso ese “pueblo” con quienes protestan ahora: expresidentes, magistrados, estudiantes universitarios y otros sectores, a los que caracterizó como “los poderosos” y “los enchufados”.
De modo que uno puede vivir en el condominio más exclusivo, tener “patas” en las altas esferas de la política y la empresa privada, y, aun así, ser parte del “pueblo” y no de los “ticos con corona”, siempre y cuando no sea opositor político del gobierno, o, por las responsabilidades de su cargo, deba ejercer –y de verdad ejerza– funciones de control del poder. Es más, se puede ser el más rancio político tradicional, reconvertido en podcaster o analista “independiente” progobierno, y no caer en la fatídica categoría de “casta” o “red de cuido”.
No hace falta explicar lo antidemocrática que es esa reducción de la categoría “pueblo”. Antes que el principio de mayorías (que, por sí solo, no se diferencia mucho de la lógica de la turba), el hecho constitutivo de la democracia es la pluralidad.
Es un principio de realidad que cualquiera que se asome a la calle puede constatar con facilidad: somos y pensamos distinto. Nuestros intereses pueden contraponerse y la forma de aterrizar nuestros valores puede divergir. Por eso, la aspiración a la unanimidad es violenta y la exigencia de uniformidad, totalitaria. Y por eso, además de una presidenta de la República, elegimos a 57 personas que nos representaran y que, de hecho, representan, cada una y ninguna menos que las otras 56, a la nación como un todo. Llamar a alguna de ellas “irrelevante” o “mantequilla” manifiesta un profundo desprecio por nuestro orden constitucional.
La otra narrativa tóxica que quiero señalar es la que pretende hacernos creer que la inseguridad no tiene sus raíces en la exclusión, la marginación y la ausencia de oportunidades que padecen cientos de miles de nuestros compatriotas, sino en un sistema de justicia que, al investigar, juzgar y sancionar, se obliga a respetar los derechos humanos, se niega a encarcelar a una persona mientras no se haya demostrado su culpabilidad y que, aun cuando la priva de libertad, no le arrebata su dignidad. Todo ello se presenta como un estorbo que habría que remover para que el Estado nos devuelva la tranquilidad a los “ciudadanos de bien”.
Por supuesto que, cuando desaparecen esos límites al poder, las calles pueden volverse más seguras frente al delito común, como ocurría en la Cuba de Castro o sucede en el El Salvador de Bukele. El precio, sin embargo, es enorme: nadie puede estar seguro de que, de madrugada, los esbirros del régimen no vendrán a llevarse a su hijo con los ojos vendados para torturarlo y desaparecerlo. Lo expresó de manera memorable el disidente polaco Adam Michnik: “Por regla general, las dictaduras garantizan calles seguras… pero terror al timbre de la puerta. En democracia, las calles pueden ser inseguras de noche, pero lo más probable es que quien llame a primeras horas de la mañana sea el lechero”.
Las narrativas falsas son importantes por su función política. Estas, a diferencia de las mentiras puntuales para ocultar un hecho, se utilizan para hacer cosas. Negar derechos, impulsar reformas regresivas, volver aceptable lo que en el pasado no lo era. Legitimar lo que, de otra forma, nos parecería ilegítimo. Marcar personas. Descalificar sus reivindicaciones o argumentos desacreditándolas.
En Rusia, por ejemplo, el estalinismo extendió el uso de la palabra kulak (prestamista rural explotador) a cualquier campesino relativamente acomodado o que, incluso sin serlo, se resistiera a la colectivización. Luego, la “deskulakización” legitimó su expropiación, deportación y represión. Ojito con eso.
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Gustavo Román Jacobo es abogado.
