Después de conocer los resultados del IX Informe Estado de la “EducaSion” 2023, se corre el peligro de dejarse habitar por el completo desaliento.
La terapia de choque resulta peor: la red social TikTok, tan usada especialmente por la población joven, arroja un video oficial titulado “Así reciben los estudiantes del liceo rural X al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles”.
Al son de la Patriótica costarricense, él y la ministra de Educación literalmente acomodan a las niñas y los niños, y se hacen “apapachar” con sonrisas ampliamente indulgentes, para, a su vez, reciprocar tanto amor.
Posteado por uno de los medios informales de propaganda oficial que reciben el apoyo y las alabanzas del mandatario en el que en algún momento fue el acontecimiento mediático de los miércoles, el objetivo del video es el espejo o autobombo, como parece buscarse en casi todo lo que hace esta administración y que se agrava con el horizonte de las elecciones municipales.
Narcisista (“excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras”, según el diccionario) es el actuar de aspiración salvífica del gobierno, y narcisistas parecen ser las personalidades que lo componen: son autorreferenciales y no aceptan límites.
Ante los preocupantes datos y el análisis profesional de quienes conocen a fondo la realidad educativa, porque le dan un seguimiento presencial desde hace muchos años, la ministra, por el contrario, dice al país que la divinidad la trajo hasta aquí y que más nos vale sacarle provecho antes de que ella se devuelva, condescendiente, a sus “palmeras” —del sur asiático, supongo—, donde sí sabrían apreciarla.
Nada más alejado de la responsabilidad con que toda autoridad debería dejarse sacudir por este documento, pues lo hallado desgasta las oportunidades de infantes y jóvenes y empeorará con los nuevos recortes presupuestarios recientemente anunciados en becas y transporte.
Ruta y el 8 %
Porque, en efecto, cuando la sociedad costarricense decidió invertir el 8 % del PIB en la educación pública, lo hizo con una visión integral del procesos educativo, para asegurar que la población con limitaciones sociales y económicas pueda acceder a este derecho fundamental en todos sus niveles.
Desde hace rato ya, con asuntos como la deuda de Hacienda con la CCSS o la prohibición de la regla fiscal de aumentar salarios públicos —para sus ministros, por ejemplo— en tanto la deuda supere el 60 % del PIB, la administración se encarga de hacernos saber que, cuando así le conviene, los mandatos de la Constitución le son irrelevantes (“¿Quién inventó el 8 %?”), de su irrespeto por las normas y las instituciones (“hasta la Contraloría de la República quiere decirme cómo es el documento que yo debo entregar”), de su desdén por el conocimiento técnicamente fundamentado y consensuado (“la Ruta me la inventé yo”) y de su desprecio por la experiencia acumulada (“nunca ha habido una ruta de la educación”), esa que, siempre perfectible, marcó una diferencia sustancial entre Costa Rica y muchas naciones de América Latina.
No hay, pues, sorpresa, pero sí una preocupación cada vez mayor porque las tareas básicas que debe cumplir todo Estado democrático —incluso según las visiones más minimalistas—, como garante de la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura, están en manos no solo improvisadas, sino sordas y ciegas a los datos y argumentos, por más razonables que sean.
Como escribió Mary Wollstonecraft, en Vindicación de los derechos de la mujer (1792), una de las pioneras en impulsar la educación pública universal en el Siglo de las Luces, esos prejuicios prevalecen porque están construidos sobre experiencias parciales, en visiones de justicia, sí, pero estrechas, las cuales llevan a una suerte de cobardía intelectual y, añado, a errar constantemente.
Se trata de una administración cuyo imaginario social se retroalimenta como las mónadas, autárquicamente, de presunciones y generalizaciones, cargadas, eso sí, de deseos de revancha.
Como los mitos, estos prejuicios tienen elementos de verdad, pero no por eso dejan de ser figuraciones.
Resentimientos políticos
La interacción entre el presidente y la ministra de Educación en la pasada conferencia de prensa semanal ilustra el punto. En el diálogo cerrado que sostuvieron, el diagnóstico y las alertas del IX informe fueron simplemente descartadas porque son producto de un trabajo realizado por instituciones que incluyen al Consejo Nacional de Rectores (Conare).
La lógica del presidente para deslegitimar el diagnóstico sigue el mismo patrón que ya vimos con respecto a la Fundación Omar Dengo y al resto de arrasamientos tsunámicos realizados: dado que el Conare reúne a los rectores de las universidades públicas y están en conflicto con la ministra en cuanto a la asignación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el estudio carece de legitimidad.
Así es como se elabora un teorema, y a Hipatia y Pitágoras bien les vendría ruborizarse por la pobreza de los suyos.
Igualmente, aprovechando el impulso dado por el mandatario, la ministra descartó un criterio profesional sobre la actual prueba estandarizada, con el argumento de que proviene de una persona —a quien no identificó— que en el pasado hizo consultorías para evaluar tales mediciones. Una vez más, la crítica puede ser tranquilamente desatendida, pues se debe a otro presunto resentimiento.
Si las consecuencias de este modo de gobierno no fueran tan graves para el país, bastaría con recordar el refrán popular “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.
Pero la incapacidad oficial de construir democráticamente las mejores políticas públicas, en una coyuntura crítica como la actual, no para allí.
A pesar de que el contexto geopolítico actual es muy diferente del de la Guerra Fría, el gobierno recurre al debate ya superado de “basurear” a las ciencias sociales y naturales con el fin de justificar una concentración de los recursos en las carreras más demandadas por la cuarta revolución técnica científica.
Entonces, mientras el resto de América Latina busca tener su primer astronauta y las niñas ya estudian para estar entre las primeras en llegar a marte, a la ministra le basta con que aprendan a leer y a escribir y con que sepan —supongo— que la luna puede manchar la piel a las mujeres embarazadas que salgan a la calle cuando está llena, como todavía circula entre quienes no han tenido acceso a una formación integral.
La política pública educativa es demasiado importante para estar guiada por el narcisismo y el prejuicio. Y las correcciones e innovaciones que sin duda son necesarias en todos los niveles del currículo educativo y en la distribución presupuestaria deben ser el resultado de un amplio acuerdo democrático, con la participación de las voces más competentes.
Como escribió recientemente la respetada exjueza Elizabeth Odio, ojalá la ministra recapacite y que la administración tenga la sabiduría de cambiar de rumbo.
La autora es doctora en Estudios Sociales y Culturales, socióloga y comunicadora. Twitter @MafloEs.