EscucharCon la escogencia de Michelle Bowman como vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Estados Unidos se aboca a llevar adelante la tarea de disminuir la sobrerregulación existente en el sector financiero. Sin duda alguna, una labor absolutamente necesaria para buscar que la supervisión pueda resultar más simple, eficiente y con una menor intervención del Estado.
No será una tarea sencilla, pero es el camino correcto y para el resto de los mercados, en especial de países pequeños como Costa Rica, será mucho más fácil ejecutarlo si tienen al frente el claro liderazgo por parte de Estados Unidos.
Tal y como he señalado en mis artículos anteriores sobre este tema (“Demasiado grandes para dejarlos caer”, 25/3/2023; “Intervencionismo en la regulación financiera”, 20/11/2024, y “El quinto poder de la República”, 26/1/2025, todos en La Nación) el sistema financiero occidental, cuya regulación financiera se fundamenta en Basilea, sigue presentando serias falencias, que justifican y hacen necesaria una reforma profunda.
Uno de los más graves problemas es el costo de la excesiva regulación para el sector, lo que encarece los productos para el público, limita la innovación y la llegada de nuevos participantes al mercado financiero.
Por otro lado, a pesar del exceso de regulación y supervisión, hasta la fecha se ha reconocido que no es posible para el supervisor lograr detectar, al menos en sus etapas iniciales, las acciones humanas que tienden a engañar, confundir, obtener ventaja de forma indebida y que, finalmente, terminan tomando todo o parte del dinero de los inversionistas. Es decir, no es una supervisión preventiva efectiva.
Tampoco ha podido el sistema de supervisión vigente lograr llegar con anticipación en los procesos de intervención, de forma tal que la inmensa mayoría de estos terminan en resoluciones bancarias, en las que nuevamente el inversionista o, en algunas ocasiones, el Estado, terminan siendo los grandes perdedores.
El sistema actual, debido a su carácter intervencionista, presenta una contingencia fiscal significativa, que podría resultar en una responsabilidad subsidiaria del Estado, ya sea por acción u omisión, con las consecuencias financieras correspondientes para todos los contribuyentes del país.
Por estas y otras razones, es necesario implementar una reforma del sistema que reduzca la intensidad de la regulación y la supervisión. Esta medida disminuirá la intervención del Estado a través de los órganos de supervisión y reducirá la contingencia fiscal asociada con su excesiva presencia.
Ahora bien, ¿cómo hacer para que una menor regulación y supervisión no profundice la desventaja en que se encuentra el inversionista ante el operador financiero? Evidentemente, ese será el quid del asunto.
En ese cambio se debería buscar una supervisión más intuitiva, con funcionarios que entiendan los negocios financieros y su integración dentro del contexto económico del país, para que, desde ese conocimiento y experiencia, pueda dar el seguimiento necesario a los problemas más apremiantes, así por ejemplo, en un sector determinado ¿por qué razón un operador está pagando 200 o 300 puntos de tasa más que sus competidores?, o ¿por qué razón un banco está creciendo tan aceleradamente en su cartera?, ¿o en sus captaciones?, ¿por qué crecen tanto las captaciones, pero se concentran tanto los inversionistas?, ¿a qué se debe que un operador aparezca anunciándose hasta en la sopa?, temas que pueden encontrar respuestas lógicas o, por el contrario, destapar graves problemas.
Tal y como hemos señalado antes, la supervisión debe tener un nuevo objetivo prioritario que será “evitar las crisis sistémicas”, o sea impedir que una quiebra de una entidad financiera ocasione problemas de mayores dimensiones en el sistema. Recordemos que la quiebra es un problema de la administración de la entidad financiera, pero la crisis sistémica que esa quiebra puede provocar es un problema del supervisor. En un segundo plano deberá buscar la protección del inversionista.
La supervisión debe buscar la forma de detectar los problemas en forma oportuna y detenerlos de la forma más rápida posible, antes de que estallen; es decir, orientarse hacia una supervisión más preventiva. El análisis forense dejémoslo al Poder Judicial.
El principio de división de poderes que desde hace casi tres siglos nos legó Montesquieu debe aplicarse en el sector financiero. Los supervisores no pueden ser los productores de la normativa de orden general que se aplica a todo el sector, normativa cuya aplicación será supervisada directamente por ellos mismos.
La regulación específica y técnica del sector financiero debe provenir de órganos independientes de los supervisores, sin relación directa con estos, quienes en estas instancias deben tener únicamente la condición de asesoría cuando les sea solicitada.
La gran normativa internacional (Basilea-IOSCO-IAIS-AIOS) no puede venir de la asamblea de los supervisores nacionales. Esto, para evitar el actual conflicto de interés que prevalece en el orden financiero a nivel global, donde, ante las situaciones de falencia mencionadas, los supervisores han acudido como regla general a incorporar una mayor participación del Estado mediante regulación y supervisión, sin que ello aumente la eficiencia del sistema y sin tomar en consideración la contingencia fiscal que con ello están provocando.
Es importante que, en este nuevo escenario, los esquemas de supervisión sean adaptables por países, así como internamente en cada país, considerando la diversa naturaleza, objetivo de la entidad, tamaño e incluso la misma estructura propietaria de las entidades financieras (pública, privada, colectiva u otras). Esto no solo debe decirse, sino practicarse intensamente. Las diferencias deben ser reconocidas y protegidas.
También es momento para que los inversionistas profesionales asuman la responsabilidad por sus decisiones, utilicen sus estructuras de análisis financiero y de riesgos en forma eficiente y dejen de descansar en terceros ajenos, como las calificadoras de riesgo y las propias entidades de supervisión o incluso, como lo hacen en algunos casos de forma lastimera, en su propia importancia estratégica, social y sistémica.
Nuevamente, se abre un proceso de importancia para el sector financiero, será la oportunidad de replantear un esquema que no ha resultado tan exitoso y eficiente como deseáramos. Ojalá que Costa Rica asuma una posición de vanguardia, planteando nuestras propias necesidades y apoyando los esfuerzos que encabezará Estados Unidos. ¡No nos limitemos a seguir tomando nota!
Elian Villegas Valverde es abogado y fue presidente del Instituto Nacional de Seguros y ministro de Hacienda.
